En 35 años hemos perdido 100 mil hectáreas de manglar. Es decir, unas cinco mil 700 canchas de futbol por año. México es el cuarto país a nivel mundial con reservas de manglares… pero mal cuidadas.
La destrucción de manglares en la zona del Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, es apenas una mínima fracción de los daños que tres décadas de omisión del Estado mexicano han dado como resultado en cuanto a la responsabilidad de proteger ese tipo de ecosistemas en el país.
La falta de una política de protección y conservación de ese tipo de hábitat ha provocado ya la pérdida de una extensión de manglares que equivaldría a unas cinco mil 700 canchas de futbol por año, además de pérdidas por cientos de miles dólares a causa del impacto de ciclones tropicales.
Al mismo tiempo, el debate público y la exposición de las condiciones legales del proyecto de desarrollo turístico en esa área del sureste de México, abren una oportunidad para iniciar un programa de conservación y restauración de las 770 mil 50 hectáreas de manglar que existen en México.
Para el Doctor en Ciencias e investigador del Cinvestav-IPN en Yucatán, Jorge Herrera Silveira, “puede haber un antes y un después de Tajamar. Si queremos dar un paso adelante, autoridades, organizaciones civiles, lo que estamos de este lado –científicos-, esta es una gran oportunidad” para iniciar un plan de trabajo común y coordinado.
Herrera Silveira es el coordinador del Programa de caracterización y monitoreo de manglares de la Península de Yucatán para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conoce la costa de Quintana Roo y está consciente del daño que ha provocado un desarrollo urbano y económico desordenado en esa zona.
Por eso, pese al optimismo con el que ve la “oportunidad” después de lo ocurrido en la reserva natural de la Laguna Nichupté, también expone que el problema no ha terminado con la suspensión otorgada por autoridades judiciales al proyecto discutido.
El daño no solamente es en Tajamar
En la misma zona, al sur y al norte de Tajamar, los proyectos San Buenaventura y El Table, respectivamente, están en las mismas condiciones y significan más de 100 hectáreas de zonas de manglar comprometidas para la construcción de proyectos turísticos.
Solamente en el caso de San Buenaventura, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se prevén explotar para construcción aproximadamente 35 hectáreas que incluirán vialidades, lotes para locales comerciales, una marina seca, club de yates, terminal de aquabus, un malecón y una zona habitacional.
La MIA de San Buenaventura, aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce el impacto negativo que las obras tendrán sobre la zona de manglares, pero aclara que “no amenaza su permanencia o estabilidad como ecosistema, debido a que está ampliamente representada en el ámbito regional”.
Es decir, que de acuerdo al estudio, el daño que se causaría solamente en San Buenaventura no es tan “importante” porque hay más manglares en Quintana Roo y el resto de la Península de Yucatán.
La omisión del Estado en la protección de manglares
Esa definición de importancia del manglar expresada en la MIA expuesta permite sustentar el señalamiento de Herrera Silveira sobre los equívocos en el manejo sustentable de los recursos naturales en el país, y que en el caso de los manglares puede identificarse claramente.
En 1986, México firmó el convenio para integrarse a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) y adquirió el compromiso público de desarrollar mecanismos eficientes para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.
Desde esa perspectiva, la venta que hizo Fonatur de los terrenos de Tajamar, El Table, San Buenaventura, así como otros proyectos que se han desarrollado en Quintana Roo, como Puerto Cancún, y algunos más en diversas zonas del país con presencia de manglares, han sido errores con un alto costo a largo plazo.
“Se trataba de terrenos federales que debían haber contado desde hace 30 años con mecanismos de protección y conservación, por lo tanto Fonatur no debió haberlos vendido, sino concesionado para su aprovechamiento sustentable o para operarse en (esquemas de) conservación”, afirmó en entrevista.
Pero no sólo se ha incumplido con la Convención Ramsar, sino también ignorado acuerdos establecidos en la Comisión de Cooperación Medio Ambiental México-Estados Unidos-Canadá, señaló el también integrante del grupo de expertos de dicha comisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Incluso, consideró que los recursos legales que se han interpuesto contra proyectos como Tajamar deberían salir del entorno jurídico nacional y presentarse para su análisis ante organismos internacionales porque México ha sido omiso en el cumplimiento de sus compromisos de conservación y protección de manglares.
Evidencia de ello es que la creación del artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre ha sido insuficiente para detener la destrucción de manglares en las costas del Pacífico, del Golfo de México o en la Península de Yucatán, donde se encuentra la mitad del total de hectáreas de manglares que existen en el país.
El problema con el artículo referido es que carece de carácter retroactivo, por eso al haber sido adicionado a la ley en 2007, no se toma en cuenta en proyectos como Tajamar, cuyos terrenos fueron vendidos en 2005.
Pero el convenio Ramsar fue firmado en 1986 y el TLCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994 y con ello el ámbito de responsabilidad de México dentro de la Comisión de Cooperación Medio Ambiental de los tres países firmantes, reiteró Herrera Silveira.
El costo de los daños
Cierto, la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto San Buenaventura está en lo correcto al señalar que los manglares están “ampliamente representados” en el territorio de Quintana Roo y la Península de Yucatán. De hecho, están muy bien representados en el país.
México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con presencia de ecosistemas de manglares. El hábitat de estas especies vegetales se encuentra en 17 estados de la República Mexicana que tienen litoral, con una extensión total de 770 mil 57 hectáreas. Esa extensión equivale a un poco más que la suma de los territorios del estado de Aguascalientes y la Ciudad de México.
La Península de Yucatán concentra el 55 por ciento de la superficie de manglares y solamente el estado de Campeche tiene la mayor extensión, con 175 mil 614 hectáreas. El área del hábitat de ese estado equivale a prácticamente todo el territorio de la Ciudad de México.
El problema, es que hace unos 35 años, teníamos en México poco más de 870 mil hectáreas, de las cuales se calcula que se han perdido unas 100 mil, es decir unas dos mil 857 hectáreas de manglares por año. Ese territorio equivaldría a unas cinco mil 700 canchas de futbol anuales aproximadamente.
Con esas cifras, el argumento de Herrera Silveira, investigador titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN) en Yucatán, es contundente: la pérdida es grave y no se ven elementos para pensar en que el daño se detendrá.
Y añade que lo que tampoco se está valorando es el costo económico que tiene la destrucción de la zona de manglares. Cita un solo ejemplo dentro de su experiencia como investigador: la suma de los daños provocados por el huracán “Katrina” en 2005, un cálculo de mil 833 personas fallecidas directamente y pérdidas por 108 mil millones de dólares.
Tal impacto pudo haberse reducido si una amplia extensión de zona de manglares se hubieran protegido y conservado en las costas de Florida y no hubieran sido entregadas para el desarrollo urbano y turístico.
Los manglares, explicó, brindan, entre otros servicios ambientales, defensas contra el impacto del viento, oleaje, así como inundaciones. Por su tipo de suelo poroso, operan como esponjas naturales que pueden absorber una gran cantidad de agua y que si bien pueden no evitar una inundación, si la reducen con un impacto resultante menor.
También consideró, en el caso de México, los resultados del impacto del huracán “Wilma”.
El ciclón tropical, en el mismo año de 2005, provocó daños calculados en mil 750 millones de dólares. Si bien, las afectaciones de este otro ciclón en una zona como Cancún, también se deben a la destrucción de la duna costera, se puede definir que la devastación de manglares en el área, sumó a los daños resultantes.
Hoy día con cada temporada de “nortes” o el paso de vientos y lluvias, fuera o dentro de la temporada de Ciclones en el Atlántico y Golfo de México, los hoteleros de Cancún, Quintana Roo se ven obligados a invertir en volver a rellenar las playas que la erosión permanente va menguando, según expuso Herrera Silveira.
A lo señalado por el especialista en manglares se pueden sumar datos identificados por otros investigadores como los también mexicanos Ezequiel Excurra y Octavio Aburto, de la Universidad de California y el Instituto de Oceanografía Scripps.
En un estudio realizado en el Golfo de California, sobre la relación entre manglares y actividades pesqueras, determinaron que solamente una hectárea de ese tipo de hábitat puede generar ingresos por 37 mil 500 dólares, en un promedio anual.
Otros estudios señalan que la protección que un manglar puede ofrecer durante el impacto de un huracán puede cuantificarse en tres mil dólares, pero que la destrucción de esa misma extensión puede equivaler hasta en 33 mil dólares luego del paso del ciclón.
“Tajamar puso el tema en el debate público, pero es necesario dar el siguiente paso”, afirma contundentemente Herrera Silveira.
Si se considera toda la discusión provocada por Tajamar con los antecedentes expuestos, existe una oportunidad para crear un esquema amplio de trabajo para conservación y protección de las zonas de manglares existentes y además un gran proyecto de restauración en las áreas donde sea posible.
“¿Es posible restaurar lo perdido en Tajamar? Sí, es totalmente posible, me canso que se puede. Pero se requiere primero detenerlo, cancelarlo definitivamente y avanzar luego a las otras áreas comprometidas, no solo ahí en Quintana Roo sino en otras regiones.
El problema, aclara, es que así como investigadores, grupos de ciudadanos preocupados por el medio ambiente y organizaciones civiles de defensa de los recursos naturales pueden tener mejores argumentos y herramientas para defender zonas como Tajamar, también los empresarios, sus abogados y los políticos que establecen convenios con ellos, se pueden preparar para continuar con sus proyectos de desarrollo.
Su mayor problema, a decir de Herrera Silveira, es que no han entendido el daño que ocasionan incluso entre ellos, porque lo que se afecte hoy en Tajamar más tarde afectará los desarrollos turísticos de playa en la zona. Todo ese ecosistema está conectado. Las pérdidas más adelante serán peores.
Ahí está la oportunidad. Esperaríamos que las autoridades vayan por la creación de un programa amplio, muy ambicioso que involucre a muchos actores, porque es necesario detener el daño que estamos haciendo. Si en realidad tenemos una nueva política contra el cambio climático, este sería un paso muy importante en el cumplimiento de ese objetivo, consideró.
