La PGR impugnó en 2014 el fallo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que obligaba a la procuraduría a reparar el daño a las mujeres y darles una disculpa pública.
Este martes, 21 de febrero, el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, encabezó el acto oficial con el que fue reconocida públicamente la inocencia de tres mujeres indígenas del estado de Querétaro, a los que la PGR acusó en 2006 de secuestrar a seis agentes de la corporación.
En su discurso, el funcionario admitió que la PGR “contravino” el principio de presunción de inocencia en agravio de estas mujeres, que pasaron en la cárcel cuatro años, pero subrayó que dicho “agravio” fue cometido “en el pasado”, mientras que el acto realizado este martes era prueba de que, en el presente, existe un “firme compromiso de acatar de forma cabal” el artículo 1 de la Constitución, según el cual es obligación de todas las autoridades “prevenir, investigar y, ante todo, reparar las violaciones” a los derechos humanos.
Efectivamente, el proceso penal contra estas tres indígenas, de nombre Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, fue iniciado durante la pasada administración encabezada por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional.
No obstante, la negativa de la PGR a reconocer la inocencia de estas tres mujeres no es cosa del “pasado”, como afirmó su actual titular, sino que esta postura se mantuvo hasta la actual administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional y no fue sino apenas el pasado 25 de agosto de 2016 que las actuales autoridades declinaron esta postura.
Tal como consta en el expediente judicial del caso, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas mediante engaños, cuatro meses después del supuesto secuestro del que se les acusaba, cometido, según la PGR, en contra de seis de sus agentes, cuando realizaban un operativo en un mercado.
A partir de pruebas fabricadas por la PGR –tales como declaraciones de testigos que nunca existieron–, y en un proceso penal en el que fueron privadas de un intérprete, las tres mujeres indígenas fueron sentenciadas a 21 años de prisión.
Tras impugnar el fallo ante un Tribunal Unitario, Jacinta fue liberada tres años después, en 2009, al comprobarse que la PGR había incurrido en “contradicciones sustanciales” al formular su acusación y presentar sus evidencias.
Alberta y Teresa debieron pasar un año más en la cárcel, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declaró inocentes y ordenó su liberación, en abril de 2010.
A pesar de ambas sentencias absolutorias, la PGR no sólo se negó a reconocer oficialmente la inocencia de las tres mujeres indígenas, sino que se negó a indemnizarlas por el daño moral causado (provocado, entre otras cosas, por la pérdida de la libertad y por la exhibición como delincuentes que de ellas se hizo en medios de comunicación).
En 2014, es decir, ya durante la actual administración federal priista, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que la PGR efectivamente había causado daños morales y materiales a Jacinta, Alberta y Teresa, y ordenó a dicha dependencia reconocer su inocencia y disculparse públicamente con ellas.
Sin embargo, la PGR, entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, se negó a ello e impugnó el fallo.
Los casos de Jacinta y Teresa fueron dirimidos primero, y en mayo de 2016, la impugnación de la PGR fue desechada, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Finalmente, fue el 25 de agosto de 2016 cuando la misma PGR se desistió de la impugnación contra el fallo que le ordenaba disculparse con Alberta.
Esta fue la primera vez que la PGR mostró un verdadero cambio de postura, en torno a la inocencia de una de las afectadas (y no de las tres), y para ello debieron pasar diez años, durante los cuales el organismo federal se negó a reconocer las irregularidades cometidas.
Los últimos dos años de esa década (entre 2014 y 2016), la negativa a reconocer estas anomalías fue encabezada por la actual administración federal priista.
En la actualidad, uno de los ex agentes involucrados en la fabricación de pruebas contra estas tres indígenas afirma en sus cuentas de redes sociales ser maestro de la Universidad Abierta y a Distancia de México (de la SEP); otro más (ahora integrante de la Policía Federal) está involucrado en un presunto caso de tortura, cometida contra uno de los detenidos por el secuestro y desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero; y un tercero fue parte de la terna propuesta al Congreso de Aguascalientes para elegir, en 2015, al Fiscal de Delitos Electorales, aunque finalmente no fue seleccionado para ocupar dicho cargo.
Evento completo de la disculpa pública de la PGR.
