El secretario de Energía dijo que un total de 34 compañías invertirán 6 mil 600 millones de dólares para la construcción de 52 nuevas centrales y con ello se incrementará la infraestructura en generación eléctrica por energías renovables.
La infraestructura destinada a la generación eléctrica por medios renovables, como el aire y el sol, crecerá 170 por ciento en México en los próximos tres años, dijo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
«Un total de 34 compañías invertirán 6 mil 600 millones de dólares para la construcción de 52 nuevas centrales. Con ello en los próximos 3 años habremos incrementado la infraestructura eólica y solar en 170 por ciento», declaró Coldwell.
En la inauguración del evento WindPower Mexico 2017, también refirió que actualmente ya están identificadas las zonas con mayor potencial y los nuevos proyectos, por lo que la siguiente etapa de la reforma eléctrica será enfocarse en renovar y construir nuevas líneas y cables de transmisión que conecten a los centros generadores, como Oaxaca y Tamaulipas, con los grandes centros de consumo.
Entrevistado luego de su participación, el secretario de Energía indicó que los procesos de consulta previa libre e informada con las comunidades indígenas no son un problema para el desarrollo de estos proyectos, sino más bien una nueva forma de hacer negocios en el país.
«Cancelados ningún proyecto, algunos están esperando la conclusión de los procesos, algunos otros están en procesos judiciales, pero esto es parte de la nueva realidad de México y tiene que ver con los derechos humanos de las comunidades que tenemos que respetar». dijo.
«(Éstos procesos) se llevan a cabo en todo el mundo, lo que pasa es que en México no había ninguna regulación al respecto en el modelo anterior», añadió.
Riesgos de conflictos comunales asociados a los nuevos requisitos de impacto social que exige a los inversionistas el marco jurídico de energético mantienen detenidos al menos 20 proyectos en México, reveló la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE).
Entre los proyectos que ya están fuera de sus cronogramas, o incluso suspendidos, se encuentra la primera línea de transmisión eléctrica que correría de Oaxaca a la Ciudad de México para que llegue energía limpia directamente a la capital del país desde los aerogeneradores del Istmo de Tehuantepec.
En esta situación también se encuentra el ramal del gasoducto de Tula, el proyecto de Comexhidro en Puebla, el de Eólica del Sur en Yucatán, afectados por esta situación.
De acuerdo con el Artículo 121 de la Ley de Hidrocarburos y 120 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Energía (Sener) debe solicitar a los afectados la autorización para el desarrollo de un proyecto de cualquier tipo.
Esta debe contener “la identificación, caracterización y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación, medidas de ampliación de impactos positivos y, el plan de gestión social correspondiente”.
INCERTIDUMBRE
Expertos consultados coinciden en que existe un clima generalizado de incertidumbre jurídica que frena los proyectos, además de que la Sener, quien expide el Manifiesto de Impacto Ambiental, no se da abasto.
Katya Puga Cornejo, directora de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Sener reconoció que hay 750 manifestaciones de impacto social en lista para ser aprobadas.
En entrevista con El Financiero explicó que para llevar a cabo dicho trámite hay un plazo de 90 días naturales en el caso del sector eléctrico, y de 90 días efectivos en el caso de los proyectos de hidrocarburos, de los cuales es raro la vez que se cae en un retraso, aunque existen.
Puga reconoció que el tiempo de los proyectos se ha visto retrasado en ocasiones por amparos y procesos judiciales relativos a los derechos de las comunidades de ser consultadas y la obligación de las empresas de realizar los estudios de impacto social.
“Lo que ha generado una preocupación es el tiempo que han tomado los procesos judiciales y ahí los plazos están definidos con mucho rigor y son complejos, en general son largos. Todo el tiempo para el desarrollo de consulta y otro de judicial nos dieron casi más de dos años”, dijo.
Para ella, el país se encuentra en un periodo de adaptación y aprendizaje en lo relativo al impacto social, pues las disposiciones son relativamente nuevas -se establecieron en 2013 por primera vez en las legislaciones de electricidad e hidrocarburos-, a pesar de que el acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo que se firmó en 1993.
