Espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, escándalo de proporciones mayúsculas

  • Es un delito que bien podría obligar al Poder Legislativo a ejercer su derecho a demandar al Gobierno Federal ante la PGR, consideró el diputado Virgilio Caballero Pedraza

El hecho de que el Gobierno Mexicano use programas informáticos para espiar periodistas y defensores de derechos humanos, desde hace por lo menos 11 años, implica un escándalo de proporciones mayúsculas, porque se trata de la utilización de recursos públicos y el aparato del Estado para fines indebidos, que además vulneran la privacidad de las personas y sus propios derechos humanos, aseveró el diputado Virgilio Caballero Pedraza.

Lo anterior ocurrió en el marco de la reunión que sostuvieron hoy  el Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, y la Jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Colchero, con integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados.

Ahí, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena advirtió que el espionaje significa que los mexicanos se encuentran ante un delito que bien podría obligar al Poder Legislativo a ejercer el derecho a demandar al Gobierno Federal ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“¿Por qué se comete ese delito de espiar a los periodistas y defensores de derechos humanos? ¿También eso va a pasar desapercibido y como una impunidad más?”, expresó el fundador del Canal del Congreso y periodista.

Al respecto, cuestionó cómo la misma institución encargada presumiblemente de poner en marcha el software Pegasus –creado para espiar a bandas criminales y terroristas–, sea la misma instancia que deba perseguir el delito de espionaje contra comunicadores y activistas. “¿Será que los que nos espían, nos protegen?”, ironizó.

Ante representantes de organizaciones de periodistas, puso en duda de que existan las condiciones idóneas para que la FEADLE y PGR lleven a cabo una investigación independiente del Ejecutivo Federal sobre este tipo de espionaje, que vulnera la integridad de los periodistas y defensores de derechos humanos.

Asimismo, Caballero Pedraza lamentó las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en el sentido que a los gobiernos les suman los periodistas asesinados en otros sexenios, tratando de minimizar el problema durante la actual administración.

Señaló que ello no sólo resulta insultante para el gremio de comunicadores, sino también exhibe un desprecio profundo por parte del Gobierno Federal a la calidad humana de las víctimas. Además, subrayó que Campa Cifrián declinó asistir a esta reunión en la Cámara de Diputados, lo que significa menosprecio al trabajo de mujeres y hombres periodistas en todo el país.

“Hoy eso mismo, usted señor Fiscal nos lo recordó, cuando al inicio de este encuentro nos leyó una parte de su informe de que en el 2012 ‘sólo’ se registraron dos homicidios. Ese ‘sólo’ debe ser ninguno, porque si se trata de contar, no debe haber ni uno sólo más”.