- El juzgador federal sostiene que la extradición del exfuncionario en este procedimiento debe negarse, pues por su nacionalidad mexicana, el país no está obligado a entregarlo
Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio consideró que un exgobernador de Tamaulipas, acusado de diversos delitos en México, no debe ser extraditado a Estados Unidos, sino juzgado primero en su país.
Así lo dio a conocer al comunicar su opinión jurídica a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en contra de la extradición internacional solicitada de un exmandatario estatal, requerido por el gobierno estadounidense.
Señaló que si bien esta opinión carece de fuerza resolutiva o vinculante, “representa el ejercicio de una facultad conferida a una autoridad, cuyos fundamentos y motivos deben quedar expuestos por escrito y sujeta a los principios de economía, eficacia, celeridad, legalidad, publicidad y buena fe”.
El juzgador federal sostiene que la extradición del exfuncionario en este procedimiento debe negarse, pues por su nacionalidad mexicana, el país no está obligado a entregarlo y por la naturaleza de los hechos que originan la solicitud de extradición constituirían un impedimento para concederla discrecionalmente.
Añade que lo más acorde a las reglas y fines del Tratado de Extradición aplicable y a disposiciones constitucionales, es consignar el expediente a las autoridades nacionales competentes para el ejercicio de la acción penal y el procesamiento de los hechos.
Precisa que de conformidad con los artículos 40, 42 y 43 constitucionales, los Estados conservan soberanía sobre las cuestiones de su régimen interno y se someten a la Federación en cuanto a lo externo, por lo que debe considerarse que la relevancia de ciertos bienes jurídicos opera únicamente dentro de las fronteras de la soberanía nacional.
Al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, se le acusa de los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero; operar un negocio de envíos de dinero sin licencia, y de asociación delictuosa para cometer fraude bancario, de acuerdo con una nota informativa del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
