Legisladores de Movimiento Ciudadano denunciaron ante la PGR a José Antonio Meade y a Rosario Robles «por su complicidad en los desvíos de recursos públicos documentados en la investigación periodística Estafa Maestra», informaron en un comunicado.
Legisladores de Movimiento Ciudadano exigen a PGR que investigue a Meade y Robles por peculado, fraude y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Diputados de Movimiento Ciudadano, acompañados del dirigente del partido en la Ciudad de México, denunciaron penalmente a José Antonio Meade y Rosario Robles, “por su complicidad en los desvíos de recursos públicos documentados en la investigación periodística la Estafa Maestra, publicada por Animal Político, cuando estuvieron al frente de la Secretaría de Desarrollo Social” (Sedesol).
El documento presentado por Jorge Álvarez Máynez y firmado por los legisladores Verónica Delgadillo, Samuel García y Víctor Sánchez, exige a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue a Meade y Robles por tráfico de influencias, peculado, cohecho, fraude, ejercicio ilícito del servicio público, uso abusivo de las facultades, abuso de las funciones y enriquecimiento ilícito.
En un comunicado, Movimiento Ciudadano señaló que la denuncia se refiere a la “transacción ilegal de recursos públicos mediante empresas fantasma, para ser desviados a partir de proyectos que jamás se concretaron, con el objetivo de financiar campañas electorales y el corporativismo electoral en entidades como Milpa Alta, donde la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, busca una bancada”.
El pasado 10 de enero, Animal Político publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la PGR tres nuevas denuncias por los males manejos de más de 540 millones de pesos, que la Sedesol entregó mediante convenios a universidades en 2015, año en que la dependencia fue encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato priista José Antonio Meade.
Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado en la Estafa Maestra, es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia.
Los bienes y servicios que se contrataron a través del esquema terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.
