La medida anunciada ayer por la administración de Peña Nieto significará el recorte a 132 mil 830 empleados del gobierno federal, cifra que está compuesta por trabajadores eventuales o aquellos que laboran bajo la modalidad de contratos por periodos o proyectos específicos.
La cifra no es despreciable, pues representa el 8 por ciento del total de personal en la Administración Pública Federal (APF).
De acuerdo al último censo de funcionarios y empleados públicos, levantado por INEGI, ésa es la cifra de trabajadores que no tienen definitividad ni plazas federales.
Este tipo de personal es contratado a través de contratos en los que se especifican sus labores, su subordinación a un área y funcionarios específicos y su lugar de trabajo.
En realidad, estos funcionarios tiene un lugar de trabajo estable en las oficinas federales, aunque no gozan de otras prestaciones como los gastos médicos privados, ISSSTE o fondos de ahorros, los cuales están reservados para el personal de estructura.
Según el último censo disponible (realizado por el INEGI en 2017, aunque se supondría que no hubo cambios sustanciales en materia de contrataciones para 2018) la mayor parte del personal contratado en estas modalidades es de hombres (58 por ciento).
