Todos hemos escuchado acerca del “huachicol”, el cual es un término que adjudicamos a aquél combustible que es robado o “adulterado”, es decir mezclado con otros productos para aumentar su volumen y reducir su costo.
Estimado lector, en los últimos días se ha hablado mucho sobre el tema del Presupuesto Económico 2019 que el ejecutivo presentó al Congreso y de los impuestos correspondientes para el área de combustibles, sin embargo, en estos, casi tres años de la Reforma Energética, poco se ha hecho referencia sobre los “ladrones de impuestos” y de cómo afectan al erario y propician la competencia desleal en el mercado.
El negocio de la comercialización ilegal de combustibles ha aumentado de manera importante en los últimos años, apenas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, las tomas clandestinas de gasolina aumentaron cerca de un mil 830 por ciento y de manera general, el robo de combustible subió cerca de un 800 por ciento.
Hace apenas unos días pudimos observar que en Chihuahua fueron clausuradas, por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), dos gasolineras pertenecientes a las marcas Carvel y Black Gold por la supuesta adquisición de combustible de manera ilegal y que actualmente se encuentra en investigación.
Una de las razones que provocó el aumento en los niveles de robo de combustible, fue la llegada de la Reforma Energética y la liberalización de precios ya que éstos se volvieron más caros para el consumidor, expandiendo de esa manera el mercado del denominado “huachicol”, que ya anteriormente existía, sin embargo, con la llegada de la reforma, también evolucionaron las formas de comercializar ilegalmente los combustibles.
Todos hemos escuchado acerca del “huachicol”, el cual es un término que adjudicamos a aquél combustible que es robado o “adulterado”, es decir mezclado con otros productos para aumentar su volumen y reducir su costo, sin embargo poco hemos escuchado acerca de aquellos que en vez de robar producto, se roban los impuestos, a través de la importación ilegal de combustibles.
La importación ilegal de combustibles busca eliminar o aminorar principalmente el pago del IEPS y de IVA al momento de cruzar la frontera; de esa manera se evitan el pago de más de un tercio del valor del producto en el mercado, otorgando así precios más baratos pero que crean un déficit en los ingresos del erario federal y estatal y al mismo tiempo, propician y financian una red de mercadeo ilegal en donde se ven involucradas entidades de todos los niveles y hasta grupos delictivos.
Lo anterior se puede dar de diversas maneras, como lo son el importar el producto bajo otra clasificación arancelaria, declarar menos litros que los importados, mezclar productos para bajar los costos y otras actividades las cuales se realizan en complicidad con aduana, empresas facturadoras y hasta mismas entidades gubernamentales.
Es un problema que no sólo se ha vivido en México; ha pasado desde hace años en fronteras como la de Colombia-Venezuela, Perú-Ecuador y en la mayoría de los casos, se debe a la falta de una unidad especializada en detección para este tipo de delitos y de un Sistema Automatizado y Regulatorio de distribución.
En México urge que las entidades regulatorias dejen de omitir este tipo de actividades y pongan en práctica los sistemas de auditoría y seguimiento y se pueda implementar de una vez por todas el Sistema del “Registro Estadístico de Transacciones Comerciales” (SIRECTRAC), que debió de iniciar en el 2018 y aún no se ha implementado. Con las capacidades que la Secretaría de Hacienda tiene actualmente y con el seguimiento tan cercano que tiene la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de los permisos otorgados, debería de ser algo relativamente sencillo de hacer, pero más que sencillo, tiene que ser necesario
El autor es Socio del área de Hidrocarburos y Director de Estrategias Comerciales del Despacho Elizondo Cantú S. C.También es experto en evaluación de proyectos y modelajes financieros.
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