Cada día se talan ilegalmente 400 árboles en el municipio de Ocuilan, en el Estado de México. Las autoridades locales piden la intervención del Gobierno pero se sienten ignorados.
Huele a serrín entre los pinos. Ese aroma a madera casi recién cortada se esparce por mitad del bosque. Son las 13:00 horas del sábado 20 de julio. Nos encontramos en un paraje con vistas a Shomulco, en el Bosque de Agua, en un punto cercano a San Juan Atzingo, en el Estado de México. Para acceder aquí hay que manejar unos 20 minutos por terracería y caminar otro par de minutos a través de un camino forestal. Dos días atrás, este lugar se convirtió temporalmente en un aserradero. En el suelo hay restos de serrín, todavía brillantes, lo que evidencia que son recientes, y tablas que los talamontes no se llevaron todavía. Hay troncos destrozados y maderas desparramadas.
Así operan los grupos dedicados a la deforestación ilegal. Llegan, arrasan y se marchan.
“Vendrán hoy o mañana a cargar con lo que falta”, dice Misael Zamora, de 28 años, activista por la defensa de los bosques al que ahora acusan de practicar la deforestación ilegal. Quiere mostrar cómo actúan los grupos ilícitos a los que se enfrentado toda la vida. Los mismos que mataron a su hermano en 2007.
“Mira esos dos árboles”. Señala a un par de pinos que se alzan unos 20 metros pero que no superarán los 25 centímetros de diámetro. “Les quedan dos días”, asegura, pesimista.
La tala ilegal se ha convertido en un grave problema para el Bosque de Agua, que surte de tres cuartas partes de las necesidades acuíferas de la Ciudad de México. En realidad, el problema es de todo el país. Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre 2001 y 2017 se perdieron 3. 2 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale al 6% del terreno forestal del país.
En esta zona la tala es constante. No hay jornada en la que no opere algún grupo. Según Félix Alberto Linares González, presidente municipal de Ocuilan, donde se ubica San Juan Atzingo, en la zona se talan cada día 400 árboles, 12,000 hectáreas en dos décadas y media entre lo que se tala, las plagas y los incendios.
“Si seguimos así, en tres décadas no habrá bosque”, lamenta.
Linares González ha encabezado protestas y sube habitualmente videos en los que muestra los “destrozos” provocados por los “talamontes”. Una de estas incursiones a lomas arrasadas casi le cuesta la vida. Ocurrió el pasado tres de julio. Relata que se paró en un tramo de la carretera entre Santa Mónica-Cuernavaca, a la altura de Lagunas de Zempoala para grabar una zona que había sido recientemente talada. Avanzó un par de kilómetros y recibió varios disparos. Una de las balas impactó en su camioneta, aunque él resultó ileso.
Según explica, el negocio ilícito ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Pasó de ser una tala “clandestina” pero no perseguida a “ilegal”. De ahí fue sofisticándose. De “tala hormiga” a “delincuencia ambiental organizada”. De “delincuencia ambiental organizada” a “cadena delictiva forestal”. Lo que todos estos nombres indican es que, conforme pasa el tiempo, se involucran más personas y más sectores. De un negocio casi municipal se pasa a una estructura que involucra no solo halcones para vigilar y hombres armados para proteger a los tipos de la motosierra, sino también la participación de grandes empresas madereras.
“Se está talando en el medio rural, pero el recurso se queda a los madereros. La gente de las comunidades se queda como obreros de ellos”, dice.
Según Linares González, la explicación de por qué los pobladores se suman a esta práctica ilegal está en los escasos recursos destinados para el campo. “Un talamonte puede ganar 2,500 pesos a la semana. Por eso es atractivo”, afirma.
En su opinión, el incremento de la sofisticación de estos grupos delictivos implica que se incremente también otros ilícitos. “Tienen armas, vehículos, radios. Así que comienzan a asaltar camiones o practicar secuestros”, dice. Aquí también se añade la corrupción de funcionarios públicos que colaboran con estas redes.
En la zona, todos hablan de la impunidad con la que actúan los “talamontes”. Autoridades locales aseguran haber tocado todas las puertas sin éxito. Y quien debería actuar, que es Profepa, Samarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) o Probosque (agencia del Estado de México), muestran estadísticas de operativos, pero reconocen que ni se acercan a poner fin al problema. Además, las instituciones se pasan la responsabilidad unas a otras como una papa caliente.
