El delito de violencia familiar, en donde las mamás y sus hijos son las principales víctimas, registra un aumento en Jalisco.
Entre 2017 y 2018 se reportó una reducción en las carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía estatal (pasaron de nueve mil 557 a ocho mil 850 expedientes, respectivamente); sin embargo, el año pasado repuntó la violencia y se elevaron a 11 mil 053 denuncias ante el Ministerio Público.
Jalisco subió al cuarto lugar nacional en la estadística, sólo por debajo de la Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato, confirma el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tras el asesinato de Ingrid Escamilla y la niña Fátima en la capital del país, expertos consideran que los Gobiernos estatales y municipales deben mejorar la atención a las víctimas de agresiones para evitar los feminicidios, otro delito que también se incrementó en Jalisco al pasar de 32 a 57 entre 2018 y 2019.
Lorena es una de las afectadas que escapó de la violencia, pero sin el apoyo de la autoridad. La tapatía cuenta que su esposo empezó a cambiar después de que se casaron. Al principio le exigía que fuera mejor en las labores del hogar, pero después de que nacieron sus hijos iniciaron los insultos.
La situación empeoró cuando el agresor dejó de trabajar y ella buscó un empleo limpiando casas (también se hacía cargo de su hogar y de sus hijos). Afirma que soportaba la situación porque el hombre la amenazaba y le prometía que mejoraría, lo que no ocurrió.
Lorena decidió separarse definitivamente cuando se recrudecieron las agresiones físicas. Aunque interpuso una denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres, no avanzó la investigación para brindarle protección.
Se solicitó una entrevista con la Fiscalía para abundar sobre las denuncias en aumento, pero no se concretó.
La coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, Luz Estrada, señala que las autoridades locales se niegan a entregar indicadores que reflejen los avances sobre el trabajo que se desarrolla para combatir este tipo de ilícitos. “No están funcionando las acciones. Se vuelven espacios de simulación (las mesas de trabajo). Preocupa que no se estén investigando (las denuncias o asesinatos)”.
En el país se replica el alza de la violencia familiar. En 2018 se abrieron 180 mil 187 carpetas de investigación y el año pasado cerró con 202 mil 889.
Endurecimiento de las penas no baja la violencia familiar
Aunque la mayoría de los delitos ahora se sanciona con más años de cárcel, principalmente los feminicidios o las agresiones sexuales, en los últimos cuatro años aumentaron los ilícitos contra la seguridad sexual de las mujeres y por corrupción de niños, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 2016, a nivel nacional se abrieron 35 mil 963 carpetas de investigación por delitos contra la seguridad sexual, que engloban abuso, acoso, hostigamiento, violación simple, violación equiparada, y otros delitos que atentan contra “la libertad y seguridad sexual”, de acuerdo con la clasificación del Secretariado Ejecutivo.
La cifra creció a 36 mil 933 en el año siguiente, a 42 mil 873 expedientes en 2018, así como 51 mil 310 carpetas de investigación por estos delitos el año pasado en todo el territorio nacional.
Además, en 2019 se documentaron dos mil 156 denuncias por corrupción de menores de edad, lo que representa un aumento comparado con los cuatro años anteriores. Se encuentra clasificado como un “delito contra la sociedad”. En 2018 se reportaron mil 848 carpetas de investigación por ese delito, principalmente en Baja California (246), Ciudad de México (172), Guanajuato (161), Nuevo León (160) y Jalisco (153). Mientras que el año pasado terminó con dos mil 156 expedientes, con mayor incidencia en Ciudad de México (324), Baja California (275), Nuevo León (173), Guanajuato (161) y Jalisco (143).
El Código Penal del Estado de Jalisco estipula que se impondrá de tres a seis años de prisión, así como multa de 100 a 200 días de salario mínimo, a la persona que por cualquier medio facilite, provoque, induzca o promueva en un menor de edad (o con quien no tenga capacidad para comprender el significado del hábito de la mendicidad), el hábito de consumir alcohol, drogas o sustancias similares. También sanciona la iniciación o la práctica de la actividad sexual, así como la comisión de cualquier delito en contra de este sector.
Feminicidios y delitos contra la familia
México
Año Feminicidios Violencia familiar Delitos contra la seguridad sexual
2016 644 153,581 35,963
2017 765 169,381 36,933
2018 913 180,187 42,873
2019 1,010 202,889 51,310
2020 (enero) 73 15,850 4,069
Jalisco
Año
Feminicidios
Violencia familiar
Delitos contra la seguridad sexual
2017 28 9.557 3,256
2018 32 8,850 3,044
2019 57 11,053 3,428
2020 (enero) 2 784 225
El caso de Fátima alerta a madres
Paulina Carvajal comenta que el caso de la niña Fátima prendió las alertas en su situación familiar, debido a que trabaja y no puede recoger a su hija de la escuela. “Mi esposo y yo contratamos transporte para que la recoja, y la verdad nos preocupamos mucho porque este tipo de casos muestran una terrible descomposición social”.
Aunque su esposo tiene un buen salario, no es suficiente para mantener a toda la familia, por lo que ella decidió tener un empleo. Sin embargo, les preocupa el incremento en las agresiones a los menores de edad. “Yo empecé a trabajar para meter a mi hija a una escuela privada. Y mejoró mucho, pero me siento frustrada porque no alcanzo a recogerla de la escuela”.
Otro caso es el de Gabriela Alvarado, quien busca trabajos cercanos a su casa para poder recoger a su hijo de la escuela. Lleva más de un mes desempleada debido a que los empleos que encuentra están lejos o pagan muy poco, por lo que no le ajusta para los gastos que debe realizar.
“Porque si uno trabaja lejos, tienes que ir por tu hijo a la guardería. En determinada edad crecen y necesitan otra escuela de tiempo completo, que tiene un costo extra”.
Remarca que en las guarderías te cobran 50 pesos si llegas tarde porque se tiene que cumplir un horario. “Si las distancias son más grandes, se tiene que estar tomando taxi y allí se va tu salario”.
Cuenta que en los últimos trabajos ha recibido apoyo cuando necesita faltar, aunque siempre justifica sus acciones. Por ejemplo, dice que si hay una junta en la escuela de su hijo, lleva al trabajo el documento. “Cuando uno es mamá, tenemos eventos o que salen temprano. Si mi hijo se enferma, yo no tengo a nadie que me lo cuide, y si tiene temperatura o algo, tengo que pedir el día… y muchas veces lo descuentan”.
Considera que se deberían plantear los apoyos desde las leyes, “además de mejorar los salarios para que madres y padres solteros puedan mantener a sus hijos con un solo trabajo”.
Sin freno
El 2019 cerró con el de mayor aumento en las carpetas de investigación por el delito de violencia familiar de los últimos cuatro años, al registrar 202 mil 889 expedientes en todo el territorio nacional.
El Código Penal de Jalisco refiere que comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno a varios miembros de su familia, tales como cónyuge, pariente consanguíneo hasta cuarto grado, pariente afín hasta cuarto grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado.
Se entiende por maltrato los actos u omisiones que causen un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas, independientemente de que se comete o no otro delito.
“Al responsable de este delito se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por la comisión de cualquier otro delito previsto por este Código aplicándose para ello las reglas de concurso de delitos”.
Se equipara a la violencia intrafamiliar el maltrato que se infiera en contra del tutor, curador, pupilo, hijos de éste o aquella, de quien habite en el domicilio del agresor o de la persona a quien el agresor le deba dar cuidado o protección.
Este medio publicó en julio de 2019, que en Jalisco se impuso una condena de 22 años de cárcel contra un agresor de violencia familiar, tras un juicio que se llevó a cabo en 2014, por la acumulación de distintos hechos, como abandono de familiares, lesiones, violación, agresión con arma e intento de homicidio, entre otras agravantes. Por este ilícito, en el anterior sistema se otorgaban castigos de seis meses en promedio; ahora es un año y medio.
Jalisco, tercer lugar por ataques sexuales
Entre 2018 y 2019, Jalisco se ubicó como la tercera Entidad federativa donde más se denuncian los delitos que atentan “contra la libertad y seguridad sexual”, solamente detrás de la Ciudad de México y el Estado de México, que registran más habitantes.
De las 42 mil 873 carpetas registradas en 2018, los cinco Estados con más delitos fueron Ciudad de México (cuatro mil 445), Estado de México (cuatro mil 260), Jalisco (tres mil 044), Nuevo León (dos mil 860) y Chihuahua (dos mil 712).
El año pasado reportaron 51 mil 310 carpetas, con los casos más numerosos en la Ciudad de México (seis mil 507), Estado de México (cinco mil 678) y Jalisco (tres mil 428).
Este medio publicó que entre 2018 y 2019 crecieron 18 delitos de alto impacto en Jalisco, de 41 modalidades o subtipos. De esos 18, seis tienen que ver con los que atentan contra la familia, la mujer y la seguridad sexual: violencia familiar, feminicidio, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento y violación simple.
El Código Penal de la Entidad indica que en el caso de abuso sexual se impondrán de seis meses a seis años de prisión al que ejecute actos eróticos, sin el consentimiento de una persona mayor de edad. Si se hiciere uso de violencia física o psicológica, la pena aumentará en una mitad. “Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida”.
La misma legislación remarca que comete el delito de hostigamiento sexual el que con fines o móviles lascivos asedie u hostigue sexualmente a otra persona de cualquier sexo, aprovechando su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, religiosas, domésticas o cualquier otra, que implique la subordinación de la víctima. Al responsable se le impondrán de dos a cuatro años de prisión.
Mientras que es culpable de acoso sexual el que con fines o móviles lascivos asedie o acose sexualmente a otra persona de cualquier sexo. Al responsable se le impondrá sanción de uno a cuatro años de prisión.
“Si el acosador u hostigador presta sus servicios en cualquier institución pública y utiliza medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se le destituirá de su cargo y se le podrá inhabilitar hasta por el doble de la pena privativa de libertad impuesta”.
