La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no solo ha estado marcada por el relevo de ministros, sino por una serie de decisiones y gastos que han colocado al máximo tribunal del país en el centro de la polémica pública, al evidenciar una profunda contradicción entre el discurso de austeridad y la realidad del uso de recursos públicos.
Documentos oficiales obtenidos vía transparencia y revelados por El Universal confirman que la SCJN destinó 1 millón 254 mil 121 pesos a un ritual de “purificación” realizado el 1 de septiembre de 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de la llegada de los nuevos ministros electos. El gasto incluyó logística de alto nivel, baños VIP, banquetes y montaje de infraestructura, mientras que no existe registro alguno de pagos, viáticos o apoyos para los representantes de pueblos indígenas que oficiaron la ceremonia.
Baños VIP y catering, prioridad presupuestal
La Dirección General de Recursos Materiales de la Corte dispersó más de 1.2 millones de pesos entre cinco proveedores privados, con pagos individuales cercanos a los 250 mil pesos. Destacan erogaciones por más de 254 mil pesos en renta de baños portátiles tipo VIP, casi 250 mil pesos en servicios de alimentos, y montos similares para audio profesional, templetes, pabellones y viniles.
El contraste es contundente: mientras hubo recursos suficientes para garantizar comodidad y servicios premium a funcionarios e invitados, la SCJN reconoce que no localizó ningún comprobante de pago para los integrantes de los pueblos Mazateco, Otomí, Mixteco, Zapoteca, Mazahua y Wixárika que participaron en el acto ceremonial.
Aunque la Corte argumentó que los bastones de mando fueron entregados sin costo por las propias comunidades “en ejercicio de su autonomía”, la omisión de apoyos básicos ha sido señalada como una práctica que raya en la simulación y el uso simbólico de los pueblos originarios.
Camionetas blindadas y privilegios de alto nivel
Este episodio no es aislado. En las últimas semanas también se ha documentado la adquisición de camionetas blindadas de alta gama para ministros de la SCJN, vehículos cuyo costo individual asciende a varios millones de pesos y que han sido justificados bajo argumentos de seguridad, pero que refuerzan la percepción de un aparato judicial ajeno a cualquier lógica de contención del gasto.
Estas compras se suman a otros desembolsos onerosos que han alimentado el cuestionamiento público sobre si la nueva Corte realmente encarna el espíritu de austeridad que se prometió durante la reforma judicial.
Ante las críticas, a través de las redes oficiales anunciaron la decisión de los ministros de “no utilizarlos».
Está la posibilidad de que estos vehículos sean puestos a disposición de personas juzgadoras “que enfrentan mayores riesgos”.
Sin ambargo el error fue cometido y el gasto ya fue realizado.
Resulta que la SCJN le dió el contrato de las 9 camionetas a una empresa que fue investigada por la UIF por presuntamente arrendar patrullas a sobreprecio
El contrato fue adjudicado a Total Part and Components por un monto de 22.1 millones de pesos más IVA
En Diciembre del 2025, la SCJN adjudicó un contrato a la empresa Total Parts & Components» por un monto de 22.1 millones de pesos más IVA, por la compra de 9 camionetas.
Esta empresa fue investigada por la SCHP, UIF y ASF por órdenes del Ex-Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que fue acusada de rentar patrullas a sobreprecio a la policía federal en 2018 (Tiempos de Peña Nieto).
También el gobierno de la Ciudad de México que en ese momento era encabezado por la hoy presidenta Claudia Sheinbaum le rentó patrullas a esta misma empresa por un monto de alrededor de 5 mil millones de pesos.
El caso Hugo Aguilar Ortiz
La polémica alcanza directamente al ministro Hugo Aguilar Ortiz, uno de los rostros de la nueva etapa del máximo tribunal y quien ha sido vinculado políticamente con el discurso de transformación y uso responsable de los recursos públicos. Su participación en una Corte que avala —o al menos no frena— gastos superfluos, rituales costosos y esquemas de privilegio, lo coloca en una posición incómoda frente a la opinión pública.
Para diversos sectores, el mensaje es claro: no basta con discursos ni gestos simbólicos, cuando las decisiones administrativas reproducen prácticas que históricamente han sido criticadas por su opacidad y exceso.
Austeridad en entredicho
En conjunto, el ritual millonario, la omisión de pagos a comunidades indígenas y la compra de vehículos blindados de lujo configuran una narrativa que golpea directamente la credibilidad de la nueva Suprema Corte. Lejos de marcar una ruptura con el pasado, estos hechos refuerzan la percepción de que el máximo órgano de justicia del país continúa operando bajo una lógica de privilegios, aun cuando el contexto nacional exige sobriedad, congruencia y responsabilidad en el manejo del erario.
