Wilfrido Hernández Cardozo
El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Gobierno (Sego), continúa brindando atención humanitaria y seguimiento institucional al desplazamiento forzado interno de 88 familias de la comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, derivado de un conflicto agrario con la localidad de Santa María Yolotepec.
La intervención estatal se desarrolla mediante un esquema de coordinación interinstitucional que involucra a autoridades estatales y municipales, así como a organismos internacionales especializados en derechos humanos, con el objetivo de atender la emergencia social y avanzar en la construcción de soluciones pacíficas y duraderas.
Bajo la conducción del titular de la Sego, Jesús Romero López, se ha establecido una mesa de diálogo con la participación de representantes comunitarios de Buenavista, autoridades municipales y la representación agraria de Santa María Yolotepec. Este espacio prioriza la protección de los derechos humanos, la atención a las personas desplazadas y la reconstrucción del tejido comunitario, aun cuando existe una resolución agraria vigente que reconoce la propiedad territorial a favor de Yolotepec.
La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca (CADH) informó que el caso será debidamente documentado y canalizado a instancias federales, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de garantizar el seguimiento institucional y fortalecer los mecanismos de protección para las familias afectadas.
Como parte de este acompañamiento internacional, en diciembre pasado Oaxaca recibió la visita de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas, Paula Gaviria Betancur, quien sostuvo un encuentro directo con integrantes de la comunidad de Buenavista. En dicha reunión, las familias expusieron las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran tras verse obligadas a abandonar su lugar de origen.
Tras este acercamiento, la relatora mantiene observación permanente del caso y ha exhortado a las partes involucradas a avanzar hacia acuerdos que permitan un retorno seguro, digno y en condiciones de paz para las familias desplazadas.
El desplazamiento forzado interno constituye una de las problemáticas sociales más complejas, al fragmentar comunidades enteras y colocar a cientos de personas en situaciones de alta vulnerabilidad. Frente a este escenario, el Gobierno de Oaxaca ha optado por una estrategia basada en la atención humanitaria, el diálogo político y el acompañamiento internacional, descartando medidas coercitivas.
Al respecto, el secretario Jesús Romero López reiteró que los conflictos de carácter histórico no se resuelven mediante la imposición, sino a través de procesos sostenidos de diálogo, apego a la legalidad y sensibilidad social. Subrayó que el caso de Buenavista se atiende bajo una visión en la que la paz se construye desde las comunidades y no mediante decretos.
