Con un pie en la Cárcel José García, Alonso Criollo y Consejeros Electorales de Santa Lucia del Camino

Y los segundo por haber otorgado un documento apócrifo, y omitiendo su responsabilidad como autoridades Electorales que les obliga la ley a mantener y en su caso realizar actos de omisión al no solicitar de forma enérgica el apoyo de los servicios de seguridad que cuenta el Estado.
De acuerdo a los Artículos 244, 245 y 246  código de Instituciones Políticas y de Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca  (CIPPEEO) es obligación que se cuenten el 100% de las casillas para poder otorgar una constancia de mayoría, y para que esta tenga valides debe ser dentro del marco de la ley bajo el protocolo que marca (cosa que jamás se hizo).
Alonso Criollo se le finca a todas luces actos de responsabilidad penal y administrativa, por no salvaguardar la Elección, pero sobre todo no proteger y resguardar la vida de sus subordinados (consejeros Municipales), toda vez que en todo momento y por medio de Oficios y Constancia Circunstancial de hechos le solicitaron lo antes mencionado.
Hoy es cuando las Instituciones Gubernamentales deben de limpiar su imagen, proteger los principios para las cuales fueron creadas ejemplo y responsable, la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales, quien debe garantizar la Equidad, Legalidad y Transparencia de las Elecciones, es inaudito que nuestras autoridades en materia de Impartición de Justicia aun no hayan detenido al Ex Candidato por el Partido Social Demócrata (PSD) José García, por el Municipio de Santa Lucia del Camino, toda vez que los delitos que cometió en ese momento por la Ley son considerados Graves y se cometieron en Flagrancia el día del Conteo,  pese a que lo solicitaron los Consejeros Electorales de dicha demarcación.
Nuestro  CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, es muy claro en el TITULO CUARTO, Delitos contra la autoridad, CAPITULO I, Desobediencia y resistencia de particulares. Artículo 179.- Se aplicará de uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos: al que, empleando la fuerza, el amago, o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal.  Artículo 180.- Se equipara a la resistencia y se sancionará con la misma pena que ésta, la coacción hecha a la autoridad pública por medio de la violencia física o moral, para obligarla a que ejecute un acto oficial, sin los requisitos legales, u otro que no esté en sus atribuciones. En el mismo código Penal en el TITULO DECIMOQUINTO, Delitos contra la paz y la seguridad de las personas, CAPITULO I, Amenazas.
Artículo 264.- Se aplicarán de tres meses a tres años de prisión y multa de trescientos a mil pesos:
I.- Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos; o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo;
II.- Al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho de hacer.