Con 524 elementos, la Policía Militar se sumará a tareas de patrullaje y vigilancia en las zonas de mayor incidencia delictiva de Nuevo León a partir del 1 de marzo próximo, informó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
“Con la participación de la policía militarizada y con la coordinación que vamos a tener con ellos vamos a intensificar la vigilancia”, señaló el mandatario.
“Tenemos ya un convenio con ellos, que está ya a punto de finalizarse, van a proporcionarnos, a partir del 1 de marzo, 524 policías militares para este ejercicio”, indicó.
A la par, añadió, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en coordinación con los municipios, determinará los lugares y acciones a implementar.
Rodríguez Calderón dijo que se acordó con los municipios sostener reuniones para verificar quiénes de las personas que han sido liberadas por mandato judicial son reincidentes.
Será, mencionó, “gente de la Procuraduría -General de Justicia del estado- y de la Secretaría de Seguridad Pública para que analicen todos los casos que hemos tenido en los cuatro meses que tenemos en la administración para ver quién es reincidente”.
Enfatizó que, como autoridad, “no podemos tener tanta gente que se nos regrese a la calle si los hemos detenido, eso nos va a ayudar a bajar este índice delincuencial”.
En la reunión también se acordó que por medio del C5 se tenga un análisis completo en el tema de extorsiones, a fin de investigar los números telefónicos de donde se realizan las llamadas.
“Si son números locales, números fuera de estado o números que se operan a través de los penales y no necesariamente tienen que ser los de Nuevo León, sino los penales del país”, concluyó.
Cateo en Apodaca
En cateo realizado durante el día al penal de Apodaca, elementos de Fuerza Civil estatal decomisaron droga, objetos prohibidos y dinero, informó el gobierno de Nuevo León.
El operativo se realizó el jueves, de las 7:30 a 19:00 horas, como parte de las acciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad Pública en los centros penitenciarios de Nuevo León, tras el motín reciente en el penal del Topo Chico que dejó 49 muertos.
En presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 598 elementos de Fuerza Civil revisaron las instalaciones en busca de drogas, armas, dinero y objetos prohibidos.
Las acciones de Fuerza Civil incluyeron revisiones exhaustivas por las diversas áreas que conforman el Centro de Readaptación Social (Cereso), así como chequeos físicos de cada uno de los mil 890 internos.
Dentro del cateo, los policías estatales desmantelaron celdas acondicionadas con pisos cerámicos, aires acondicionados, pantallas de televisión, espejos panorámicos y cortinas.
También fueron inhabilitadas celdas modificadas que constituían un riesgo por la existencia de tomas irregulares de energía eléctrica.
En la revisión de carácter preventivo participaron tres agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia estatal, personal de Servicios Periciales y Criminalística de Campo y de Protección Civil.
En el cateo se incautaron 483 dosis de hierba seca, al parecer mariguana, 12 teléfonos celulares, 23 mil 245 pesos, 123 dosis de polvo blanco y 107 de piedra en color blanco.
Entre los objetos decomisados también había tijeras, pedazos metálicos, martillos, cajas de cerillos, corta uñas, encendedores, cuchillos, USB, objetos con Punta de metal, paquetes de cigarros, entre otros.
Por otra parte, el procurador general de Justicia estatal, Roberto Flores Treviño informó que por su probable participación en el motín del Penal del Topo Chico, se aprehendió a Arturo Bernal González, ex subdirector de Seguridad en dicho reclusorio.
Bernal González fue imputado por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad y podría alcanzar una sentencia de hasta mil 200 años.
Explicó que el Juez de Control encargado del caso vinculó a proceso a Bernal González “por su probable participación en los lamentables hechos ocurridos el pasado 10 de febrero del 2016 al interior de dicho Cereso en agravio de 49 personas que perdieron la vida”.
El ex funcionario penitenciario se suma a Gregoria Salazar Robles, quien fungía como Alcaide del centro penitenciario; Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, que desempeñaba el cargo de Subcomisario de Administración Penitenciaria y José Reyes Hernández Aguilar, custodio del penal, quienes estaban ya detenidos bajo proceso penal.
(Con información de Notimex)
