«El Poder Legislativo confeccionó buenas leyes, pero su ejecución cayó en malas manos, en las manos que han hecho pender a esta reforma de acuerdos secretos, de cálculos políticos, de la especulación de funcionarios públicos, de la intriga entre ellos…», dice Romero Hicks.
Durante la comparecencia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en el Senado por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el coordinador de los legisladores panistas, Juan Carlos Romero Hicks, expresó que al documento “le sobran laureles, pero le falta decoro” en materia educativa, pues no menciona nada sobre las víctimas de Nochixtlán ni contiene el relato respecto a la responsabilidad de la SEP en esa tragedia.
Dijo que el PAN contribuyó a tejer una reforma para garantizar una educación de calidad y recuperar la rectoría del Estado en el sector, pero por ningún motivo respaldó que la aplicación desembocara en muertes y desapariciones, tampoco avaló violentar el derecho a la enseñanza de menores, “ni apoyó la instauración de un Estado de terror contra los maestros con auténtica vocación de servicio”.
“El Poder Legislativo confeccionó buenas leyes, perfectibles en todo caso, pero su ejecución cayó en malas manos, en las manos que han hecho pender a esta reforma de acuerdos secretos, de cálculos políticos, de la especulación de funcionarios públicos, de la intriga entre ellos y de otras inconfesables maniobras pragmáticas, reiteradamente negadas”, añadió.
Nuño destacó en su participación que al final del sexenio se habrán invertido 50 mil millones de pesos para mejorar 33 mil escuelas y que hasta el momento se han evaluado, por desempeño, ingreso o promoción, 770 mil maestros en el país, de acuerdo con un comunicado.
Por otra parte, el coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett Díaz, dijo que la Reforma Educativa rompió el pacto federal y eliminaron los derechos laborales adquiridos por el magisterio desde 1917, pues se planteó como proceso obligatorio bajo la presencia inmediata policiaca militar, lo que viola los derechos a la libre expresión y protesta.
Para Bartlett la reforma fue “un golpe de Estado” y debe derogarse, pues lejos de aportar elementos de transformación educativa —dijo—, es contraria a los objetivos y necesidades de la educación mexicana, ya que es un proyecto extranjero impuesto por el gobierno, a través de la fuerza pública.
El senador Raúl Morón Orozco expresó que, desde el punto de vista del grupo parlamentario del PRD, el Poder Ejecutivo y la SEP se olvidaron de las tareas sustantivas de la educación, imponiendo la aprobación y después la instrumentación de una reforma educativa que no tiene nada que ver con lo educativo, sino con lo político y lo laboral.
Morón sugirió “cambiar el sentido de la evaluación punitiva del desempeño, por una evaluación educativa por incentivos, con fines de regularización pedagógica y profesionalización magisterial”; y solicitó iniciar un proceso de consulta con maestros, investigadores y especialistas para discutir los elementos y contenido del nuevo modelo educativo que requiere el país.
