Hugo tiene lesiones en columna, cadera, pelvis y rodillas; el sábado pasado, cuando buscaba permitir la salida de pipas con combustible para surtir a la población en Rosarito, Baja California, fue embestido por un conductor.
A sus 32 años de edad, el agente de la Policía Federal Hugo O. Y., corre el riesgo de no volver a caminar. Tiene una grave lesión en la cadera, otra más en la columna, una en la pelvis, y también en ambas rodillas. Los especialistas que lo atienden, valoraban anoche si era posible operarlo sin poner en riesgo su vida…
Él es uno de los siete elementos que fueron embestidos por un conductor, la tarde del sábado en Rosarito, Baja California, durante una protesta por el aumento al precio de la gasolina.
Hugo es miembro de la División de Gendarmería, su nombre completo no se revela por su seguridad. Tiene el grado de policía tercero y la tarde de la manifestación, sostenía su escudo y estaba al frente de la línea de efectivos federales que buscaban permitir la salida de pipas con combustible para surtir a la población.
El agente es un hombre casado, y padre de tres pequeños de apenas siete, cuatro y dos años de edad, que lo esperan de regreso en casa.
Según el parte informativo de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), él es el más grave de los siete elementos que fueron arrollados el fin de semana. Tras ser atropellado, ya no pudo ponerse en pie.
Entre sus compañeros y paramédicos lo llevaron a un hospital. Desde entonces permanece bajo supervisión médica.
El reporte establece que después de la agresión, el sujeto que los embistió, bajó de la camioneta con la que los arrolló, la abandonó y escapó entre la multitud.
Aunque algunos elementos trataron de ubicarlo, centraron su atención en auxiliar a sus compañeros lesionados.
La tarde en que el agente Hugo fue arrollado, estaba codo a codo con sus compañeros de la División de Gendarmería. A su lado derecho estaba el agente Urías R.G. de 32 años, y del izquierdo, su compañero Everardo M. M., de 23.
Las lesiones de ellos fueron menos severas. Sin embargo, anoche los mantenían también hospitalizados, y los obligarán a permanecer incapacitados por lo menos durante los próximos tres meses.
El reporte de los médicos que atendieron a Urías establece que presenta múltiples contusiones en la cabeza y el cuerpo, esguince cervical severo, además de una lesión de ligamiento cruzado anterior en la pierna derecha.
Anoche permanecía en una camilla con la pierna vendada por completo, en espera a que los especialistas valoraran si era posible ingresarlo a cirugía.
En cuanto a Everardo, el informe de la CNS establece que los especialistas reportaron que presentaba decenas de golpes, además de un esguince cervical severo.
Los otros elementos federales que fueron arrollados durante la manifestación en Rosarito, son Jonathan B.M. de 27 años de edad, quien presenta una lesión en encía por contusión severa, y Omar G.C. de 26 años con esguince en el pie izquierdo.
Junto con ellos están hospitalizados los agentes Luis R. V. J. de 23 años, con un esguince en el talón derecho y Leonel R. A. A. de 27 años también con un esguince en el pie derecho.
Tras conocer lo sucedido, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, ordenó atender y dar todos los recursos necesarios para la recuperación de los agentes lesionados.
Envió además apoyo desde la Ciudad de México para ellos y el resto de los agentes que se encuentran en Baja California.
Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, se pronunciaron la noche del sábado.
En su cuenta de Twiter Osorio dijo que es “inadmisible la agresión”. Y aseguró que ésta no quedará impune”.
En tanto Manelich Castilla Craviotto, dijo que “agredir a cualquier policía que éticamente cumple su deber, es atacar a toda la sociedad, porque a ella representan en busca de paz y orden”.
CNDH pide proteger a inconformes
Luego de los actos de vandalismo, los saqueos a negocios y los ataques a Policías que se registraron la semana pasada en diferentes partes del país con el argumento de protestas por el aumento a los precios de la gasolina, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades “medidas cautelares” para los manifestantes.
Según ellos, esto es con el fin de “evitar daños irreparables al derecho a la seguridad, integridad personal, asociación y manifestación pacífica de los manifestantes”.
Tras registrarse centenares de detenciones contra quienes cometieron algún tipo de delito, pero también diversas manifestaciones pacíficas el organismo defensor de los derechos humanos solicitó dichas medidas a las autoridades. La CNDH argumenta que tras un monitoreo en medios supieron que un par de organizaciones denunciaba “actos de represión en intimidación contra ciudadanos que participaban en las protestas sociales pacíficas por el alza de precios combustibles, así como por la infiltración de ajenos a los manifestantes para generar caso, temor y pánico en la población respecto de dichas movilizaciones”.
De acuerdo con un oficio enviado por la Quinta Vistaduría a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) quienes denunciaban estas acciones eran las organizaciones agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, así como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
En consideración del organismo que preside Luis Raúl González Pérez “existen actos de represión e intimidación que pudieran afectar los derechos a la seguridad, integridad personal, asociación y manifestación pacífica de los manifestantes, respetando los derechos de terceros, por lo que se encuentran en una situación de riesgo extraordinario”.
Según el organismo: “organizaciones sociales denunciaron actos de represión e intimidación contra ciudadanos que participan en protestas sociales pacíficas por el alza a los combustibles”.
