Los estados utilizaron los recursos federales destinados a la salud de manera irregular. Guerrero gastó de manera irregular mil 248 millones de pesos.
¿Por qué los centros de salud o pequeñas clínicas en los estados tienen tantas carencias? Porque los recursos se quedan en el camino.
En 2015, las entidades ocuparon 3 mil 894 millones de pesos destinados a servicios de salud para el salario de personal comisionado en otras dependencias, pagos sin facturas, licitaciones irregulares para comprar insumos o simplemente tienen subejercicio, es decir, no lo ejercieron y aún lo tienen en sus cuentas bancarias.
Guerrero es la entidad con el monto más alto de malgasto: mil 248 millones de pesos, es decir 32% del total de recursos ejercidos irregularmente en el país. Mientras que Michoacán, con 10% de su presupuesto sin gastar (275 millones de pesos), es la entidad con mayor subejercicio.
Esto es parte de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en el análisis del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2015.
Los casi cuatro mil millones de pesos ejercidos de manera irregular por los gobiernos de los estados es equiparable al recorte que sufrió el sector salud en 2015: 3 mil 339 millones de pesos en el Ramo 12 (Salud).
El recorte de 2015 impactó sobre todo en los rubros: Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud, con una disminución por mil 183 mdp, Seguro Médico Siglo XXI, con 539 mdp menos y Proyectos de Infraestructura Social de Salud (400 mdp).
La Auditoría comprobó que ninguno de los gobiernos estatales tuvo un ejercicio “satisfactorio” de recursos, toda vez que cometieron 10 tipos de irregularidades: pagos a personal que no se estaban en su área de trabajo o está comisionado a otras dependencias (980 millones de pesos).
Los estados tuvieron un subejercicio por 992 millones de pesos, sobre todo en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
La Auditoría detectó diferencias entre el saldo de las cuentas bancarias donde recibieron los recursos y lo que gastaron por 990 millones de pesos en Baja California, Chiapas, Guanajuato, Estado de México y Michoacán.
Los gobiernos se quedaron con 801 millones de pesos que debían ser destinados a las aportaciones al FOVISSSTE (prestaciones de los trabajadores) y para la declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Pagaron 209 millones de pesos por conceptos no contemplados por el Fondo como cuentas atrasadas de ejercicios fiscales anteriores y erogaron 279 millones de pesos para pagar a personal de honorarios sin que existieran los contratos que comprobaran la relación laboral.
En ese caso están Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Puebla, Sonora y Zacatecas.
