Aunque la primera búsqueda falló, pues no se encontraron fosas ilegales, la PGR volverá a utilizar esta tecnología en un perímetro más amplio.
La PGR presumió como un avance en las investigaciones de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa la utilización de equipos láser de alta tecnología, cuyo costo fue de más de 600 mil pesos. Lo que la procuraduría no informó fue que esta estrategia fracasó.
Aunque los equipos láser identificaron 128 puntos en un perímetro de un kilómetro cuadrado en torno a los municipios de Iguala y Cocula, en los que se pensaba que podrían existir fosas clandestinas, en realidad no se encontró nada, según reveló la dependencia en respuesta a la solicitud de transparencia folio 0001700008017.
“De los 128 puntos citados estos ya fueron procesados y por lo que hace a cuales fueron los resultados estos fueron negativos” indica la dependencia.
La tecnología denominada “Sistema Lidar” – que rentó la PGR – consiste en equipos que desde el aire escanean el terreno con sensores laser y pueden identificar irregularidades en la superficie. Se ideó principalmente para labores de geología pero ha resultado útil en algunas investigaciones.
El pasado 21 de septiembre de 2016, la Procuraduría dio a conocer que gracias a este equipo había detectado 180 puntos irregulares en el terreno que podrían representar por lo menos 40 fosas clandestinas y en los cuales se buscarían los posibles restos de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa desde 2014.
En febrero pasado, la PGR informó que se había invertido más de 600 mil pesos en la renta de estos equipos, de acuerdo con información de Milenio. Esto en medio de críticas hechas por los padres de las víctimas y sus abogados de la falta de resultados en las indagatorias.
En la audiencia pública por el caso Ayotzinapa celebrada el pasado 17 de marzo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos durante su 161 periodo de sesiones, la subprocuradora de derechos humanos de la PGR Sara Irene Herrerías mencionó (sin hacer referencia a los resultados negativos) que ampliaría el radio de búsqueda con el Sistema Lidar.
“Se está procesando lo necesario para utilizar nuevamente esta tecnología pero ahora en una zona mucho más amplia de 60 kilómetros cuadrados que contrasta con el área antes revisada inferior a un kilómetro cuadrado”.
Sí hubo detenciones arbitrarias: exfuncionario
El exvisitador de la PGR Cesar Alejandro Chávez Flores, quien investigó las irregularidades cometidas por funcionarios de la dependencia en la investigación del caso Ayotzinapa, reconoció que se cometieron faltas graves que requerían una indagatoria penal; se perpetraron detenciones arbitrarias y que renunció a su cargo porque le pidieron no revelarlo.
Durante la audiencia del caso Ayotzinapa realizada el pasado 17 de febrero en la CIDH, se mostró el video de una entrevista realizada en el noticiero de radio Aristegui en Vivo al exfuncionario en el que el narra estas irregularidades. La representación de los familiares y abogados subrayaron que esto demuestra la intención del Estado mexicano por “encubrir” la mala investigación y sus responsables.
En la declaración, el exvisitador de la PGR aseguró que llevó a cabo una investigación sustentada en parámetros internacionales y que su proyecto concluía que había “irregularidades graves y muy serias” que incluso justificaban la presentación de denuncias penales contra los funcionarios que resultaran responsables.
“Yo sostengo y sostuve que muchas de las detenciones de los implicados (en el caso Ayotzinapa) fueron detenciones ilegales y arbitrarias pero ante la coyuntura de que no podía hacer mi trabajo frente a la congruencia a la que estoy obligado preferí hacer lo correcto (renunciar)” dijo el exfuncionario.
Chávez Flores insistió que las evaluaciones “técnico-jurídicas” arrojaron violaciones administrativas graves que tenían trascendencia penal como las detenciones ilegales, pero que el equipo de la entonces procuradora Arely Gómez le pidió “reconsiderar” estas conclusiones, lo que motivó que renunciara a su cargo a finales del año pasado.
El reporte final de la PGR respecto a la indagatoria interna de las irregularidades revelado en febrero pasado, concluyó que solo se cometieron “faltas administrativas” pero no hubo delitos ni hechos graves, lo que fue criticado por los familiares de las víctimas.
Incluso el pasado 1 de marzo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas criticó que la indagatoria oficial de la Procuraduría haya derivado solo en “faltas leves” pese a que existen pruebas incluso de tortura.
“La Oficina (del Alto Comisionado) cuenta con elementos de convicción respecto a la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas, entre otros, por funcionarios de la PGR” indico el Organismo en un comunicado.
Al respecto la representación del gobierno de México respondió en la audiencia que existe un amparo promovido por las víctimas y que será un juez federal quien defina
Gobierno: se mantiene verdad histórica
En la audiencia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la representación del gobierno de México aseguró que se ha cumplido al 94 por ciento con todas las peticiones y recomendaciones que en su momento hizo el grupo de expertos independientes del organismo que trabajó en el caso.
Los funcionarios de la PGR recordaron que hay 128 personas procesadas y encarceladas que presuntamente se encuentran vinculadas con la desaparición de los estudiantes y el subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa insistió en que se han revisado diversas líneas de investigación, pero que la más consolidada sigue siéndola “verdad histórica” respecto a que los estudiantes fallecieron en basurero de Cocula.
“Se han revisado otras líneas, se han realizado cientos de búsquedas. Se ha estado totalmente abierto a cualquier indicio de información y no ha existido reserva. Hoy podemos decir que no se ha consolidado otra hipótesis ni otra línea de investigación y que no se ha encontrado desafortunadamente a ningún normalista vivo o muerto” dijo.
Por su parte los comisionados de la CIDH pidieron al gobierno de México mayores esfuerzos para tener resultados respecto al paradero de los estudiantes.
El comisionado Paulo Vannuchi dijo que si el Estado Mexicano aplica todas las herramientas que permitieron detener al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, seguramente podrá resolver el paradero de los normalistas y esclarecer lo ocurrido.
