La apertura de la industria energética de México ha tenido éxito en atraer capital, pero también ha sido acosada por disputas territoriales o ambientales, a menudo involucrando al sinnúmero de grupos indígenas del país.
Un pedazo del gasoducto de Sempra Energy se encuentra sobre la tierra detrás de un centro comunitario de la localidad de Loma de Bácum, en el noroeste de México. Guadalupe Flores cree que sería un excelente asador.
«Córtenlo aquí, levanten la parte superior», dice, señalando el tubo de acero de 30 pulgadas de diámetro. «Perfecto para cocinar al aire libre».
Sería una comida costosa. El gasoducto costó 400 millones de dólares y es parte de una red que se supone transporte gas desde Arizona a más de 500 kilómetros hasta la costa del Pacífico de México.
No lo ha hecho desde agosto, cuando los miembros de la tribu indígena Yaqui, enfurecidos por lo que consideraban el ingreso no autorizado a su territorio, utilizaron una retroexcavadora para romper y extraer un segmento de alrededor de 8 metros. Dejaron el pedazo principal a una milla del centro comunitario, perpendicular al resto de la tubería, como una t minúscula.
El impacto se extiende mucho más allá de Loma de Bácum y sus 4 mil 500 residentes. Las exportaciones de gas de Arizona a México se han desplomado un 37 por ciento desde la paralización del gasoducto, alcanzando un mínimo de ocho meses en diciembre. La empresa eléctrica estatal de México tiene que usar combustóleo en su lugar para generar electricidad, lo que aumenta los costos.
No es un caso aislado. La apertura de la industria energética de México ha tenido éxito en atraer capital, pero también ha sido acosada por disputas territoriales o ambientales, a menudo involucrando al sinnúmero de grupos indígenas del país.
Cuando la protesta se convierte en sabotaje, existe el riesgo de que los inversores se desalienten de las fases futuras, como en un desarrollo extenso de shale. También es útil para el candidato izquierdista que encabeza la carrera para las elecciones presidenciales del próximo año, quien promete revertir algunas de las reformas.
“Consentimiento negado”
Los yaquis de Loma de Bácum dicen que las autoridades comunitarias les preguntaron en 2015 si querían que un tramo de 9 millas del gasoducto atravesara sus tierras y que dijeron que no. La construcción siguió adelante de todos modos.
La Secretaría de Energía reconoció que ese informe es cierto, en una declaración que destaca las dificultades que enfrentan sus funcionarios. La consulta de las ocho comunidades yaqui a lo largo de la ruta se llevó a cabo, como exige la ley. Siete de ellas dieron luz verde, dijo la secretaría por correo electrónico, «mientras que la localidad de Loma de Bácum negó el consentimiento».
El proyecto ahora se encuentra en un limbo legal. IEnova, la unidad de Sempra que opera el gasoducto, está esperando una resolución judicial que les permita entrar y repararlo, o requerirá una nueva ruta más costosa. «Si quieren construir un gasoducto, está bien”, dijo Flores, la aspirante a diseñadora de asadores que es líder de la comunidad local. «Pero no pasará por aquí».
En la Secretaría de Energía en Ciudad de México, eso se está convirtiendo en un estribillo familiar.
Hasta cuatro ductos se han estancado o suspendido temporalmente y esa es solo la punta del iceberg, según Jesús Reyes Heroles, exsecretario de Energía. «No puedo decir el número, pero es más que eso», dijo Reyes Heroles en una entrevista. El exsecretario dijo que los proyectos estancados van más allá de los ductos; en algunos casos, la oposición proviene de ganaderos que «abusan de la situación para ganar algo de dinero».
Aun así, son los pueblos indígenas quienes han estado en la primera línea de la resistencia. En junio, sus protestas en el estado de Chiapas llevaron a la secretaría a desechar una licitación de dos bloques en tierra para la exploración petrolera. En Oaxaca, las comunidades han estancado el desarrollo de proyectos de energía eólica, alegando la falta de un proceso de consultas.
México reconoce a unos 70 grupos indígenas, que suman más de 12 millones de personas. La tarea de consultar esas comunidades recae en el equipo de Evaluación de Impacto Social de la secretaría, que tiene solo seis miembros.
Su mandato, que incluye asegurar que no haya daños al suministro de agua u otros recursos naturales, es un elemento clave de las reformas energéticas, dice el subsecretario Aldo Flores.
