Oaxaca. Oax.- El comisariado de bienes comunales de Tlacolula de Matamoros, Héctor Gonzales Cruz, denunció la presunta invasión de tierras, lo anterior implica que se esté impulsando este proyecto cuando existen inconsistencias en la acreditación de la propiedad comunal.
En conferencia de prensa, informo que desde el año 2014, los comuneros de Tlacolula de Matamoros han estado denunciando el despojo que en su miembro ha ocasionado el gobierno del estado a través de Coreturo en una superficie de más de 4.5 hectáreas, situación que ha sido comprobada por el mismo Tribunal Unitario Agrario.
Informó que derivado de que el gobierno otorgo documentos en la zona invadida, prácticamente provoco que la mancha se ampliara, de tal forma que a la fecha son más de 20 hectáreas ocupadas de forma ilegal por personas ajenas a la comunidad alentadas por el mismo gobierno.
En esta zona de la comunidad se encuentra también dentro de una poligonal del Instituto Nacional de Antropología e Historia y dentro de un decreto de área natural protegida conocida como Monumento Natural de Yagul, también forma parte del corredor declarado por la Unesco.
Ante esta situación la comunidad de Tlacolula de Matamoros exige al gobierno del estado por un lado cumpla con los acuerdos ya pactados y proceda a crear las condiciones para que se indemnice por la invasión de las 4.5 hectáreas.
En relación a los temas de Lambityeco y Tlacolula de Matamoros con similares a la zona arqueológica de Monte Albán, misma que estaba en la misma situación de los temas que denunciamos, sin embargo resulta que en este caso ya etiquetaron más de 127 millones de pesos por la expropiación de 139 hectáreas de tierras comunales de Santa Cruz Xoxocotlan, a pesar de que existe un acuerdo de la Secretaria de la Reforma Agraria de fecha 22 de enero de 1982, mediante el cual deja insubsistente a la resolución presidencial de Santa Cruz Xoxoxoctlan, derivado de una serie de amparos promovidos por un grupo de propietarios que fueron afectados por la comunidad, aunado a que la autoridad agraria que el INAH le pago no cumple con la acreditación de ser el comisariado de bienes comunales y que se sabe que existe una sentencia del tribunal unitario agrario del distrito 22, de fecha 2 de octubre del 2017.
