TOLUCA, Edomex. (apro).- Rodrigo Jarque Lira, secretario de Finanzas, reconoció que el gobierno mexiquense no ha ejercido la deuda contratada para atender los daños del sismo del 19 de septiembre de 2017 y que el ISSEMyM “se encuentra en quiebra”.
Durante su comparecencia ante el pleno de la 60 Legislatura por la glosa del primer informe del gobernador Alfredo del Mazo, el funcionario omitió responder los cuestionamientos del morenista Adrián Galicia sobre los montos de los desvíos del gobierno estatal a la campaña del ahora gobernador, Alfredo del Mazo, y los pagos realizados a familiares del ex mandatario Eruviel Ávila, como detectó la Auditoría Superior de la Federación.
“Queremos que nos responda porque acuérdese que juró decir la verdad”, planteó, sin éxito, Galicia Salceda.
En su oportunidad, la panista Karla Fiesco cuestionó al funcionario sobre la diferencia entre la deuda pública reconocida en 38 mil 494 millones de pesos por el segundo informe trimestral del año, y la reestructuración autorizada por 43 mil 769 millones; y sobre las razones por las que sólo se reporta el ejercicio de 102 millones de los dos mil 800 millones autorizados para atender las afectaciones del 19S.
En respuesta, Jarque Lira precisó que la diferencia entre la deuda registrada y la autorización de reestructuración tiene su origen en el hecho de que no se han utilizado los pasivos autorizados para la reconstrucción, pues el recurso se solicitará al banco sólo cuando las obras sean concluidas y entregadas a entera satisfacción del gobierno estatal.
Justificó que el monto global de la deuda es en términos mayores al de 2011, al compararlo con el presupuesto estatal disminuyó de 20 a 13.7% de los recursos públicos; es decir, el presupuesto creció más que la deuda.
Afirmó que las calificadoras acaban de elevar el puntaje crediticio a la entidad, que es la segunda mejor calificada del país.
La política del actual gobierno, declaró, es la de no contratar más deuda, a menos que sea estrictamente necesario y se emplee para inversión productiva o para atender contingencias, como ha sido el caso.
Dijo que el ISSEMyM vive una crisis profunda y no puede continuar como hasta ahora y, por ello, se reformó la ley para garantizar el acceso a la salud y el derecho a las pensiones de sus trabajadores.
Aseguró que las únicas salidas sin afectar a los derechohabientes eran: cambiar el sistema solidario de pensiones por las cuentas individuales (lo que, a su decir, no implica la privatización del Instituto), o elevar la edad de jubilación y las cuotas a 40%, pues ha incrementado la esperanza de vida a 77 años y en los próximos 5 años se jubilarán 87 mil servidores públicos.
También rechazó que la administración estatal sea opaca, porque los informes gubernamentales y el portal del Gobierno del Estado de México son multipremiados a nivel nacional e internacional, aunque en éste último caso no recordó el nombre de la instancia que realizó la medición y emitió el galardón.
