- Unos 19 militares encabezados por el general Eduardo León Trauwitz, extitular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Petróleos Mexicanos, se presentaron ante un juez federal en calidad de imputados, pues la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de delitos relacionados con el robo de combustible.
De acuerdo a información de Milenio, de los 21 militares imputados, solo 19 se presentaron, debido a que el general Sócrates Alfredo Herrera, exgerente de Seguridad Física de la SSE, y Gerardo Ramos no fueron notificados debidamente.
Estos soldados estaban comisionados y tenían como misión combatir el huachicoleo en diferentes zonas del país.
Aparte de Trauwitz, la FGR señaló a cinco altos mandos: el teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica; el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, ex gerente de gestión técnica de la SSE; el teniente Oziel Aldana Portugal, del área de Inteligencia de la SSE; el teniente Arturo Villa Adame, ex encargado del Departamento de Seguridad Física de Tampico, y el general Sócrates.
Fue el 27 de marzo del 2017 que el abogado Jorge García Adriano presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República a partir de las declaraciones de los soldados Iván Gómez Torres, Alberto Santiago Ramírez y Luis Gerardo Chiñas Toledo, quienes manifestaron saber de irregularidades en el combate al huachicoleo.
Fue hasta febrero de este año que se dio a conocer el caso, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se investigaba una red que operaba al interior de Pemex que permitía el robo de hidrocarburo.
Las investigaciones derivaron en el congelamiento de las cuentas bancarias de los soldados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y con la acusación de la FGR Trauwitz volvió a México por orden de la Secretaría de la Defensa Nacional en momentos que se encontraba de agregado en Panamá.
De esta manera el general se presentó ante la juez de control Angélica Lucio Rosales, en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Reclusorio Preventivo Sur, en la Ciudad de México, donde se enfrentó con sus acusadores.
Una vez en la audiencia, los abogados dieron a conocer a la juez que la FGR no les había entregado copia de los 16 tomos de la carpeta de investigación.
La defensa de Trauwitz indicó que tenía solo 15, otros dijeron que 11 y unos más no tenían nada. La fiscalía argumentó que los abogados estaban “mintiendo”, pero los litigantes acusaron a la Representación Social de tratar de retrasar la audiencia para “replantear su estrategia”.
Por su parte la Fiscalía sostuvo que la audiencia podía llevarse a cabo y solicitó que se realizara en tres bloques, el primero con los altos mandos.
Los abogados pidieron a la juez que se retirara de la audiencia al defensor García Adriano, porque no podía ser “juez y parte”, ya que fue quien presentó la denuncia y ahora defiende a tres imputados.
La juez fijó para el próximo 17 de mayo el inicio de la audiencia para que los militares tengan acceso a toda la carpeta de investigación. Asimismo ordenó a la FGE comenzar una carpeta de investigación por la filtración de los nombres de los imputados a los medios de comunicación.
Tras la audiencia, Trawitz concedió una entrevista en donde sostuvo que ha vivido meses de angustia y que ve como un acto de indefensión que otros no tengan acceso a la carpeta
“Afortunadamente los abogados que me defienden tienen información muy importante, pero el argumento fue que no se tenía la última carpeta y por eso nos vamos a otro mes. He vivido meses de angustia” declaró.
En relación a sus cuentas congeladas dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional le estaba pagando en efectivo, y a la pregunta expresa de si considera que todo tiene trasfondo político aseguró que habría que ver.
Por su parte el abogado Emanuel Rábago, representante del militar Mario Enríquez, consideró que la acusación es “una cuestión política y mediática” que se da en el marco de la guerra contra el huachicol iniciada por el gobierno federal.
Además dijo que se está violando la presunción de inocencia al exponerlos públicamente como presuntos delincuentes sin que hasta el momento se les haya probado la comisión de algún delito.
