EPN sumó a la deuda del país 2 billones 930 mil millones de pesos, y gastó de más: IMCO

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Entre 2013-2018, los ingresos de la administración peñanietista se excedieron en 2 billones 338 mil millones de pesos, una variación de los ingresos estimados y recaudados del 11 por ciento que, de acuerdo con el IMCO, es un monto equivalente “al saldo de la deuda conjunta de Pemex y CFE”.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió en el análisis de la cuenta pública del sexenio deEnrique Peña Nieto (2013-2018) que el gasto público se sobregiró 1 billón 823 mil millones de pesos y contrajo una deuda de 2 billones 930 mil millones de pesos.

En el análisis del gasto de la Cuenta Pública 2018 el IMCO concluyó que el Gobierno anterior subestimó sus ingresos y gastó másde lo estimado debido a que “no hubo un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto”.

El gasto para el sexenio anterior se estimó en 20.7 billones de pesos, pero se terminaron erogando 22.5 billones de pesos.

“En el sexenio anterior, los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados no fueron confiables, pues las cuentas públicas no reflejan lo autorizado por los legisladores”, citó el Instituto.

Por tanto, la administración del priísta no cumplió con el presupuesto estimado para su Gobierno y lo hizo de manera sistemática a lo largo de los seis años.

Entre 2012 y 2018 el Producto Interno Bruto creció 15.3 por ciento, pero la deuda pública creció en 46 por ciento en términos reales, pues al inicio del sexenio anterior, México debía 37 mil 837 pesos por persona y seis años después el monto ascendió a 66 mil pesos.

El análisis incluyó la manera en que se presupuestaron ingresos, egresos y deuda en comparación con el monto real ejercido.

Entre 2013-2018, los ingresos de la administración peñanietista se excedieron en 2 billones 338 mil millones de pesos, por lo que la variación de los ingresos estimados y recaudados fue de 11 por ciento, que de acuerdo con el IMCO es un monto equivalente al “saldo de la deuda conjunta de Pemex y CFE”.

El Instituto evaluó que las variaciones en los montos recaudados por el Gobierno anterior “reflejan una deficiente estimación de los ingresos y en algunos casos el uso discrecional de los mismos”.

En cuanto al gasto, éste fue mayor al presupuestado. El Gobierno federal tuvo una variación de sus egresos del 9 por ciento a lo largo del sexenio, cuando de acuerdo a prácticas internacionales una variación aceptable se localiza entre el +/- 5 por ciento.

Además el Gobierno de Peña Nieto dejó de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, que corresponde a 25 por ciento menos del dinero aprobado en esa materia.

Las Secretarías de Estado tuvieron un gasto aprobado de 6 billones 94 mil millones de pesos, que al final se convirtieron en 7 billones 125 mil millones de pesos, aprobados por la Cámara de Diputados.

Por ejemplo, entre 2013 y 2018 las asignaciones al Ramo 23, que contemplan los fondos destinados a cubrir funciones de Gobierno, ascendieron a 757 mil millones de pesos, pero en los hechos el gasto fue de 1 billón 371 mil millones de pesos variando en 81 por ciento el presupuesto asignado.

Finalmente, la deuda nacional creció hasta convertirse en el 35.3 por ciento del PIB, pues en diciembre de 2012, el saldo de esta era de 4 billones 452 mil 986.5 millones de pesos (27.8 por ciento del PIB) y seis años más tarde estaba en los 8 billones 315 mil 863.8 millones de pesos.

El IMCO recalcó que “una correcta planeación no hubiera generado variaciones injustificadas”, por lo que propone en adelante, reducir la discrecionalidad en la asignación de los ingresos excedentes, en caso de que estos ocurran. Para lograrlo “se deben incorporar medidas de control”, con el fin de que estos terminen en “gasto de capital o amortización de la deuda”.

Además llamó a que la legislación establezca restricciones en la ampliación de las partidas presupuestales no prioritarias como materiales, salarios o renta de oficinas. Además de dar mayores atribuciones a la Cámara de Diputados para la evaluación y supervisión de las variaciones en esta materia.

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