Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este viernes por unanimidad y en lo general, el dictamen del proyecto para expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Dicho documento incluye también reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a la Ley de Concursos Mercantiles y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El senador Ricardo Monreal Ávila refirió que se logró un gran acuerdo para aprobar este instrumento, que es clave para atacar la columna financiera de la delincuencia, del crimen organizado y otros delitos relacionados con la inseguridad.
El senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, detalló que además del trabajo de las comisiones unidas, el senador Monreal instaló una mesa de trabajo con los Grupos Parlamentarios para avanzar en la elaboración del dictamen sobre la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Subrayó que el proyecto fue modificado sustancialmente para que la extinción de dominio sea aplicable en el país. Recalcó que el fin de semana los senadores trabajarán sobre cuatro o cinco puntos que se han puesto sobre la mesa y en la coincidencia, “para la presentación de reservas” ante el Pleno.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, detalló que en el dictamen se garantiza la seguridad jurídica de las personas, porque establece con precisión cuáles serán los ilícitos que darán lugar a la extinción de dominio, de conformidad con el artículo 22 constitucional.
Además garantiza la independencia y autonomía del juicio de extinción de dominio, ya que lo desvincula completamente del proceso penal. Señaló que el Ministerio Público podrá preparar dicha acción con base en la información que obtenga de autoridades de todos los niveles de gobierno, incluso de particulares.
Añadió que en el proyecto se adopta el sistema de enjuiciamiento mixto y preponderantemente oral. “Lo que da una mayor celeridad al proceso y garantizará el respeto a los derechos fundamentales de las partes, en virtud de los principios de igualdad procesal: inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad, que rigen los juicios orales”.
