Pretenden fortalecer órganos internos de control con reforma anticorrupción 2.0

  • Durante la quinta mesa se presentaron propuestas para estandarizar la estructura de estos órganos

Para lograr su funcionamiento adecuado, los órganos internos de control deben tener autonomía de gestión y presupuesto, coincidieron participantes en la quinta mesa de la reforma anticorrupción 2.0 realizada en el Congreso Estatal.

En el encuentro se presentaron propuestas para estandarizar la estructura de estos órganos, se expuso que deberán contar con áreas de denuncias e investigación, otra de responsabilidad administrativa. Además de instancias para auditoría y de promoción y evaluación.

«Debemos darles ese soporte a los órganos internos de control de los municipios, darles en la ley el carácter de autoridad. Establecer en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas como se compone e integra de manera básica un órgano interno de control pues (actualmente) no es del todo detallado para determinar cómo será», comentó la contralora Teresa Brito, integrante del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE).

Con la conformación del Sistema Anticorrupción, las contralorías internas se transformaron en órganos internos de control. Según información de la Contraloría estatal, de 76 dependencias de la administración central y paraestatales, sólo 36 tienen órganos internos de control y de esos únicamente siete tienen estructura básica para investigar, sustanciar procesos y resolver.

La activista Cecilia Díaz Romo, integrante del Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, subrayó la necesidad de tener una nueva Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas que esté en armonía con el SAE.

También se planteó ampliar facultades a la Contraloría Estatal para que defina nombramientos de titulares de órganos internos en dependencias estatales y pueda removerlo si existiera causa.

Las mesas de la reforma anticorrupción 2.0 continuarán la próxima semana con la presentación de propuestas sobre profesionalización del servicio público y paridad de género.