El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó al Senado a revisar la iniciativa de la defraudación fiscal a través facturas falsas, para evitar que por imprecisiones se afecte a los contribuyentes que cumplen y así se genere incertidumbre jurídica para la inversión en México.
En un comunicado, el organismo que dirige Carlos Salazar Lomelín, señaló que el sector empresarial apoya la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal, por lo que seguirá aportando argumentos para lograr ajustes que mejoren la reforma y eviten afectar a los contribuyentes de buena fe.
«La emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal y hemos trabajado en conjunto con las autoridades para prevenirla y combatirla. Sin embargo, en los términos en que está planteada la iniciativa en el Senado, la estrategia resulta excesiva para tales efectos y puede generar inseguridad para la inversión productiva formal del país» advirtió.
Explicó que la iniciativa establece equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación.
«Por supuesto, estos delitos deben ser sancionados penalmente, sin embargo, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que solo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del estado», resaltó. En ese sentido el CCE consideró que es indispensable establecer una diferenciación sustancial entre las organizaciones delincuenciales que se dedican a simular operaciones para vender facturas, y aquellos contribuyentes que puedan haber comprado alguna de ellas.
Agregó que algunas conductas indebidas en materia fiscal, pueden cometerse por omisiones, errores o inconsistencias involuntarias, por parte de contribuyentes cumplidos; «con esta ley, podrían tener el riesgo de ser enviados a prisión y sus bienes vendidos, aún sin tener sentencia judicial».
«Sin estas precisiones y adecuaciones, la iniciativa generará un justificado temor en las empresas formales, de que se pueda dar un acto arbitrario de la autoridad que ponga en peligro su integridad personal y sus bienes, generando falta de seguridad jurídica y certeza a la inversión», afirmó el CCE.
