CDMX.- Senadores que impulsan reformas a la legislación federal para emprender un ataque frontal a las empresas fantasma, venta de facturas y la simulación de operaciones fiscales, plantean crear un régimen de excepción, el cual permita, como en el combate a la delincuencia organizada, el uso de testigos colaboradores y protegidos, así como la intervención de comunicaciones contra evasores y simuladores fiscales.
Advierten que las autoridades han identificado a células de delincuentes fiscales peligrosos, “las cuales son grupos organizados y sofisticados que promueven la evasión fiscal, generan daños extraordinarios a la hacienda pública y provocan un desequilibrio en la estabilidad económica del Estado”.
En un documento en poder de El Universal, en el que se exponen los argumentos de las reformas al Código Fiscal de la Federación, a las leyes contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, y al Código Nacional de Procedimientos Penales, para considerar como delincuencia organizada la defraudación fiscal, la compraventa de facturas falsas y la simulación de operaciones fiscales, se hace notar que se busca “justicia fiscal y penal”.
El pasado 8 de agosto, se informó que el Senado perfila la aprobación de una serie de reformas para tipificar como delincuencia organizada a estos delitos. El proyecto de dictamen —que se prevé sea aprobado durante el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre— busca combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y a firmas fantasma.
En los argumentos de defensa de estas iniciativas se pone énfasis en que estos “grupos de delincuentes fiscales peligrosos” reúnen las siguientes características: tienen un objeto social muy amplio, no cuentan con personal o es insuficiente para efectuar las operaciones especificadas en los comprobantes, tampoco tienen activos o son insuficientes para efectuar las operaciones especificadas en los comprobantes que expiden.
Destacan que los ingresos de esos grupos son desproporcionados en relación con las características del establecimiento mercantil que factura, además emiten comprobantes fiscales correspondientes a operaciones que no se realizaron.
Senadores consultados detallan que en caso de que esté en peligro su vida, los testigos deben ser protegidos, además de que “las escuchas” deben implementarse bajo autorización judicial.
Los argumentos indican que, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, en el país hay cerca de 9 mil empresas que facturan operaciones simuladas, expidiendo, durante los últimos cinco años, más de 8 millones de facturas falsas que suman 1.6 billones de pesos.
El documento indica que, al combatir este delito, podría haber un impacto positivo en rubros como seguridad, infraestructura, salud y programas sociales.
