Ante un registro del doble de feminicidios en la entidad durante el último año y el incremento en los índices de violencia de género, la Red de Mujeres de La Laguna llamó a otras instituciones, como la Secretaría de Educación a involucrarse en temas de prevención, y al Poder Judicial a ser efectivo ante la impartición de justicia sobre los casos.
El panorama de feminicidios en Coahuila ha incrementado de 11 en 2018 a 22 en lo que va de 2019.
Ariadne Lamont, integrante de la Red, manifestó que en los ministerios públicos de La Laguna han avanzado sobre la adecuada indagatoria de los casos, pero desconoce cómo se realice la procuración de justicia en el resto del Estado, aunque existen situaciones que indican que no se hace de forma correcta.
Resaltó que uno de los ejemplos de deficiencia que han detectado está sobre los jueces del Poder Judicial del Estado, pues hay 2 casos de hombres sentenciados a 5 años de cárcel y 30 mil pesos de reparación del daño, por un feminicidio.
“¿Eso es lo que cuesta matar a una mujer en Coahuila? Esa pregunta es para ministerios públicos y para el Poder Judicial, que también está implicado… De qué nos sirve que el Legislativo ponga 60 años como máximo, si acá los jueces van a dar 5 años; es una burla”, manifestó Lamont.
Resaltó que además de que faltan recursos en la Fiscalía para la adecuada indagatoria en los casos de feminicidio y violencia de género, faltan otros métodos para evitar la violencia desde los hombres, además de la inclusión de otras instituciones como la Iglesia o la Secretaría de Educación, que tienen en su poder de la formación de miles de hombres.
“Muchos de los maestros de la Secretaría de Educación se dan cuenta de muchas de las cosas que ocurren en los hogares, por ejemplo, delitos sexuales. ¿Por qué lo callan? Si lo callan, son cómplices”, expresó.
Ante el tema, manifestó que aunque la Conavim dio por cumplidas las recomendaciones turnadas a las instituciones para no emitir la alerta de género, todavía existen instituciones que deben implementar acciones para erradicar los índices de violencia y el trato digno a las víctimas de violencia de género o sexual.
