Morelia, Michoacán.- Luego de cinco meses de permanecer congelado el asunto, esta semana en el Congreso local se buscará sacar adelante la designación del titular de la Auditoría Superior de Michoacán, con la idea de que la definición se dé previo a la discusión del presupuesto de egresos del estado para 2020.
La sesión inicialmente se tenía proyectada para ayer domingo 17 de noviembre, sin embargo muchos legisladores no quisieron perderse el buen fin con varios días de asueto, por lo que se realizará hasta esta semana.
La intención es realizar la designación previo a las tensiones políticas que genera el análisis, discusión y aprobación del presupuesto estatal, vía acuerdo político de por medio.
Los legisladores quieren evitar la posibilidad de que el tema de la designación del Auditor se traslade al próximo año, debido a que implicaría nuevos acuerdos que estarían teñidos ya con los calores del proceso electoral que arranca en septiembre de 2020.
La designación del nuevo titular de la Auditoría Superior en Michoacán ha estado cargada de escándalo e irregularidades, poniendo en duda el proceso de selección de quienes finalmente fueron definidos como parte de la terna incluida en el dictamen de la Comisión Inspectora de la Auditoría.
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda es el palomeado por Gobierno del Estado; Elías Acosta García, es el palomeado por un ala de legisladores de Morena; y José Antonio Becerril Flores es quien permanece más neutro en cuanto a injerencia política.
Cargado el proceso de irregularidades y jaloneos políticos, los diputados locales han dejado tocado ya de origen a quien debería ser uno de los funcionarios públicos fuera de toda duda, y con plena solvencia para hacer frente a las responsabilidades que encarna ser auditor Superior de Michoacán.
De entrada fueron 16 los aspirantes que se registraron en para el proceso y aun y cuando no todos cumplieron con los requisitos previstos en la convocatoria a todos se les dio el mismo tratamiento para participar.
El examen de conocimientos se aplicó el 25 de junio y fueron 15 de los 16 aspirantes quienes se presentaron a realizar el examen que previó 20 reactivos, con un valor de 0.5 puntos cada uno. El ausente fue Ramiro Nepita Chávez.
La mayoría de los participantes obtuvo malos resultados. Quienes obtuvieron una calificación aprobatoria de más a menos fueron: Héctor Acosta Rosales 10; Moisés Pardo Rodríguez 9.5; Miguel Ángel Aguirre Avellaneda 9.5; Elías Acosta García 9; y José Antonio Becerril Flores 7.
Quienes reprobaron el examen fueron: Silvia Estrada Esquivel 5.5; Fátima Celeste Díaz Fernández 5; Israel Guzmán Negrete 4.5; Melesio Gordillo Blanco 4.5; Omero Valdovinos Mercado 4; Jandery Paulín Perusquía 4; Diego Romero Chávez Hernández 4; Albertina Cruz Lucatero 3.5; Carlos Villar Valenzuela 3.5; y José Manuel Vázquez Ávila 3.
A partir de ahí el escándalo estalló, en principio porque los diputados no quisieron rectificar la revisión de las calificaciones de los participantes, pese a que las respuestas turnadas por una de las universidades que los elaboró era incorrecta ya que se basó en la ley que ya no está vigente.
Fuera de toda lógica los diputados decidieron avalar y premiar a quien contestó incorrectamente pero coincidió con las respuestas erradas de la universidad en cuestión, haciendo uso del argumento legaloide, de que la convocatoria señalaba que el examen sería conforme a lo elaborado por las instituciones educativas invitadas.
Incluso el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción por ser interesado en el tema, elaboró una propuesta de examen que no fue considerado de modo alguno por la Comisión Inspectora, pese a que por ley al ser la organizadora estaba facultada a resolver todos los temas no previstos en la convocatoria.
Sin embargo a los diputados de la Comisión Inspectora no les importó que el proceso en cada paso se manchara de cuestionamientos, tanto que en las jornadas de comparecencias fueron evidenciados por algunos aspirantes y no faltó aquél que renunciara por considerar que no había garantías de pulcritud en la selección.
Desde el Ejecutivo se utilizaría a la excontralora estatal Silvia Estrada Esquivel como el blanco a golpear por la oposición, mientras se deslizaba y posicionaba su verdadero alfil: Miguel Ángel Aguirre Abellaneda,
El ambiente se enrareció aún más cuando mediante informaciones –evidentemente pagadas- se publicarían unas conversaciones apócrifas presuntamente entre el presidente de la Comisión Inspectora, Marco Polo Aguirre Chávez, y el coordinador parlamentario del PRI, Eduardo Orihuela Estefan, en donde se ventilaba la filtración de exámenes a aspirantes.
Esto derivó a que la bancada del PRD saliera a rueda de prensa para demandar la reposición del proceso para la designación del Auditor, y la reconfiguración de la Comisión Inspectora.
El PRI por su parte acusó al PRD de realizar un montaje en todo este asunto para poder dinamitar el proceso de selección del auditor Superior de Michoacán.
La situación se complicaría aún más y generaría una ruptura profunda en la bancada del PAN, cuando el coordinador Javier Estrada acusó “cochupo” en la designación del auditor con la participación del diputado panista Antonio Salas Valencia, entonces presidente de la Mesa Directiva.
Tras el escándalo finalmente panistas y perredistas acabarían por recular en su exigencia para reponer el proceso de designación y la reestructura de la Comisión Inspectora, por lo que junto con el resto de las fuerzas políticas que integran el Congreso determinaron por unanimidad en la Junta de Coordinación Política que los trabajos continuaran como estaban previstos.
Pero los números para lograr la mayoría calificada que se requiere para la designación del auditor, no daban ni para el perfil impulsado por el gobernador, n para el de Morena, por lo que el asunto poco a poco se fue empantanando.
Incluso corrieron versiones que el tema se destrabaría hasta que el Ejecutivo tuviera recurso para comprar el voto de los legisladores, ya que aún les debía una parte de lo acordado el fin de año en la aprobación del presupuesto del 2019 y en del proceso de designación del Fiscal General del Estado. Esos señalamientos eran versiones de pasillo.
