Oaxaca, México.- Mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga el desastre financiero que se registró en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Eviel Pérez Magaña, último funcionario en presidirla, inaugura sendos y lujosos negocios.
En fecha reciente, por ejemplo, su hija Gabriela Pérez López inauguró un restaurante exclusivo en la ciudad de Querétaro, en donde tuvo de asistentes a exfuncionarios federales y amigos cercanos a su familia.
El concepto gastronómico se llama “Asador Bacanora” y está ubicado en la Avenida 5 de Febrero 1716 A, Jurica, Cp: 76100, de la ciudad queretana cuyo chef es José Manuel Baños, originario de Pinotepa Nacional, reconocido por la revista TRAVEL AND LEISURE en sus GOURMETS AWARDS como Joven Chef Promesa del Año.
Esta nueva empresa de los hijos de Pérez Magaña necesitó una inversión millonaria para funcionar, y se localiza en una de los zonas altamente comerciales de la ciudad queretana, ya que ahí se encuentran centros comerciales, zonas residenciales de lujo y demás, que le da una plusvalía a cualquier empresa que se localice en la zona.
Este 24 de febrero, el periódico La Jornada publicó que durante el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Desarrollo Social (hoy de Bienestar) entregó recursos superiores a 40 millones de pesos a más de 24 mil personas que ya habían fallecido.
Así lo determinó el último informe sobre la cuenta pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que el titular de esa instancia, David Colmenares Páramo, entregó el jueves pasado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
En sus observaciones sobre la fiscalización al Programa de Pensión para Adultos Mayores, operado en 2018 por la Secretaría de Desarrollo Social, la Auditoría Superior observó: “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 40 millones 118.6 mil pesos por los pagos realizados durante ese año a la población beneficiaria que, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Población, ya no debieron formar parte del padrón de este programa, debido a su fallecimiento”.
En tanto, el día de hoy el periódico Reforma publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó un desastre millonario en Liconsa durante el último año de la Administración de Enrique Peña Nieto.
Sobreprecios, compras fantasma, aviadores, deudas pendientes de cobrar, descontrol en la salida de mercancías, así como contratos ilegales de propaganda, son parte de las irregularidades detectadas en ese organismo, entonces dependiente de la Sedesol, primero a cargo de Rosario Robles y después del oaxaqueño Eviel Pérez Magaña.
De acuerdo con la ASF, suman más de 2 mil millones de pesos no justificados o que fueron erogados sin la documentación probatoria en 2018.
La empresa fue encabezada por Héctor Pablo Ramírez Puga de diciembre de 2012 a febrero de 2018 y después por el también oaxaqueño Abelardo Manzo González, ex senador del PRI y quien se desempeñaba como director general de Opciones Productivas, bajo las órdenes directas de Eviel Pérez Magaña.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó inconsistencias por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en el ejercicio de poco más de 90 millones de pesos de Programa de Inclusión Social (Prospera) 2018, además de un probable daño a la Hacienda Pública por 5.3 millones de pesos.
La falta de suficiencia en cuatro de los 15 resultados del informe individual de auditoría 2018, dio pie a que el órgano pidiera a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inicie un procedimiento en contra de SSO para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos en el ejercicio de los recursos de este programa federal que por este tipo de irregularidades desapareció en 2019.
De acuerdo a la estructura de los Servicios de Salud de Oaxaca, la operatividad de los recursos del componente Salud de Prospera recayó en el jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, Jorge Julio Blanhir Gutiérrez.
En el dictamen de su informe individual de la auditoría de cumplimiento 2018-A-20000-19-1145-2019 1145-DS-GF, el órgano federal ha hecho públicas las observaciones a 75 millones de pesos que no fueron devengados, pagados o reintegrados a la Tesorería de la Federación en tiempo y forma.
No aparecen bienes informáticos
Identificó también que no se encuentran físicamente en almacén de medicamentos, básculas y analizadores de hemoglobina cuyo costo equivale a 16.9 millones de pesos, adquiridos mediante el número de contrato 486/2018 que englobó 23 millones de pesos.
Otro contrato, el número 502/2018, permitió la adquisición de laptops por 485 mil 400 pesos, pero éstas no se encontraron en el almacén estatal de los SSO ni fueron utilizadas “en el cumplimiento de los objetivos de Prospera 2018”, lo que evidenció la falta de mecanismos de control, guarda, custodia y entrega al beneficiario final.
A la par, la falta de cumplimiento a la normatividad en materia de servicios personales por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) llevó a la Auditoría Superior de la Federación a identificar un probable daño a la Hacienda Pública por 5.3 millones de pesos de los recursos transferidos en el 2018 por Prospera.
Durante 2018, por concepto de este programa federal, en su componente Salud, la Federación le transfirió al Gobierno de Oaxaca 192 millones 858.1 miles de pesos. De esa cantidad la Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra equivalente al 62.3 por ciento de los recursos, es decir, 120 millones de pesos.
A pesar de que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportaron que al 31 de diciembre de 2018 estaban comprometidos 192 millones 837.5 miles de pesos, que corresponden al 99.9 por ciento de los recursos transferidos, para el 31 de marzo de 2018, la dependencia no había devengado, pagado o reintegrado a la federación 73 millones de pesos, lo cual hizo en el transcurso de la auditoría.
Se embolsan rendimientos
Originalmente la Tesorería de la Federación transfirió a la Secretaría de Finanzas de Oaxaca los recursos de Prospera 2018 y ésta a su vez los hizo llegar a los Servicios de Salud de Oaxaca “en tiempo y forma”, además de que en la cuenta receptora se generaron rendimientos por 113 mil pesos y sólo 0.5 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería.
Los Servicios de Salud de Oaxaca tampoco presentaron el registró contable y presupuestal de los 2 millones de pesos generados por rendimientos financieros de los recursos de Prospera.
Como el saldo de la cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos de Prospera 2018 no se correspondió con los registros contables, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició el procedimiento e integró el expediente DQDI-C/1308/10/2019 para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Específicamente, de una muestra de 34.3 millones de pesos de servicios personales y 85.7 millones de pesos de gastos de operación, la Auditoría Superior verificó que existía la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto, pero ésta no cumplió con los requisitos fiscales, no estaban actualizados los registros contables, ni se identificaba con el sello de “Operado PROSPERA 2018”.
