La 64 Legislatura exhortó a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental realice una auditoría al Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet), así como Banco Oaxaca (BanOax), con la finalidad de determinar la posible responsabilidad de los funcionarios de dichas dependencias en la falsificación de expedientes y pagos indebidos por un por un monto de 2 millones de pesos; y en su caso, se inicien los procedimientos administrativos y se impongan las sanciones correspondientes.
Al presentar el punto de acuerdo, que se aprobó como de urgente y obvia resolución, el diputado Saúl Cruz Jiménez manifestó que el director general del BanOax, Paulo César Ortiz Marcial, y el titular del Icapet, Francisco Ángel Maldonado, fueron acusados de desviar esta cantidad de dinero mediante la simulación de pago a instructores de las unidades ubicadas en Nochixtlán, Matatlán y Magdalena Apasco.
“De igual forma, las denuncias formuladas contra mediadores de esta dependencia hacen referencia al otorgamiento irregular de créditos, mismos que fueron obtenidos por diversos servidores públicos mediante simulaciones y empleando a trabajadores subordinados a ellos”.
El diputado del Partido del Trabajo señaló que es necesario que el gobierno del estado investigue estas graves acusaciones, por lo que solicitó que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental realice una auditoría al Icapet y de igual forma se investiguen las conductas irregulares que se atribuyen a los titulares de dichas dependencias, con el objeto de determinar la veracidad de los hechos denunciados.
