Nuevo León.-Por comprar un equipo antimotín millonario sin licitar utilizando la pandemia de coronavirus como pretexto, el Colectivo ProMontaña exigió al alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, dar marcha atrás esta adjudicación directa por excepción.
En entrevista, Enrique Burguette, consejero ciudadano de la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro y representante del colectivo, pidió dar transparencia a esta compra de equipo táctico y de gas pimienta que no fue concursado, pese al inicio de la reactivación económica y de obra pública que el mismo alcalde emitió.
“Es preponderante (que lo haga), el alcalde Miguel Treviño está obligado a dar marcha atrás a esta acción. Es increíble que viva un surrealismo atroz y que se haya sumido en el mundo de sus ideas.
“Pareciera que ya traen una posición al respecto que levanta muchas suspicacias y están dispuestos a pagar el costo político”, indicó.
El martes pasado, entre acusaciones de usar la pandemia para no licitar, el municipio de San Pedro Garza García asignó en forma directa equipo antimotín y táctico y de gas pimienta para disuadir saqueos o rapiña por poco más de 5 millones de pesos, en plena reactivación económica.
Durante la sesión, el Comité de Adquisiciones de San Pedro aprobó la asignación por excepción a la empresa Soluciones y Opciones de Seguridad Pública, S.A. de C.V., en la que se opusieron la regidora independiente, Marcela Dieck Assad, y las panistas Brenda Tafich y Karla Flores, además de contralores ciudadanos, por comprar equipo considerado innecesario y por la forma de adjudicación.
Burguette indicó que se percibe un alcalde en franco desalineamiento a lo que demanda la realidad actual, además de mucha ambición que raya más allá del servicio público.
“Es una obligación no hacerlo a espaldas de la ciudadanía, está usando los trucos del viejo régimen político en México: autoritarismo, cerrazón e imposición.
“Estamos preocupados por la gran cantidad de temas abiertos y del rumbo de la ciudad”, manifestó el representante de colectivo ProMontaña, y además consejero ciudadano consultivo de la Secretaría de Seguridad Pública.
La compañía Soluciones y Opciones de Seguridad Pública, S.A. de C.V., es la misma que comparte a Luis Roberto Ayala Pérez, quien aparece como socio en Unmanned Systems Technology International (USTI), la firma que proveyó el polémico “Dron de Seguridad” y que restituyó 29.7 millones de pesos de su costo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, como lo informó MILENIO Monterrey el pasado 24 de febrero.
