Tras el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa en Colima, los casos sobre atentados en contra de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (CJF) han vuelto a salir a la luz, ya que desde 2006 se registraron crímenes en contra de los impartidores de justicia, presuntamente ordenados por los líderes del narcotráfico en México.
De acuerdo con El Universal, en 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, el juez federal René Hilario Nieto, fue acribillado a balazos en el poblado de San Mateo Otzacatipan, en Estado de México, a manos de presuntos sicarios relacionados con el Cártel del Golfo, liderado en ese entonces por Osiel Cárdenas Guillén.
Las pesquisas apuntaron que preguntarme fue en venganza por diversas «acciones judiciales» que afectaron las visitas familiares del procesado.
Años más tarde, en 2016 y durante la administración de Enrique Peña Nieto, el juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, fue asesinado mientras salía a correr en Metepec, Estado de México. Las líneas de investigación llevaron a la detención de su viuda Marisol ‘N’, como principal responsable de la autoría intelectual del crimen.
En el mismo sexenio, pero en 2015, el juez Joel Tinajero Jiménez, adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en Jalisco, fue atacado a balazos por un sujeto la noche del 15 de septiembre al llegar a su domicilio. Según las dos líneas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE) apuntaron que habría sido durante un presunto asalto o un ataque directo en contra del jurista.
En 2010, otro integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sufrió un atentado en un fraccionamiento exclusivo en el municipio de Xalisco, en Tepic, en el que uno de sus escoltas perdió la vida por defenderlo. Se trató del juez segundo de procesos penales, Carlos Alberto Elorza Amores, asignado a un tribunal del penal de máxima seguridad número cuatro, ubicado en El Rincón.
Durante este periodo Elorza Amores dictó formal prisión contra Gregorio Sánchez, candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, por la probable comisión de delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Además, lleva el caso conocido como el Michoacanazo.
Cabe mencionar que el CJF cuenta con un protocolo de seguridad para proteger a sus jueces que lleven casos considerados como peligrosos, ya que hasta 2012, 21 de ellos contaba con escoltas e incluso con vehículos blindados.
