- Organizaciones civiles se oponen a Ley de Salud Mental, señalan que provocará violaciones a los derechos humanos.
El dictamen de la Ley General de Salud Mental, que el Senado someterá a votación mañana, generó polémica entre un conjunto de organizaciones civiles que se oponen al señalar que la propuesta provocará violaciones a los derechos humanos.
La senadora Geovanna Bañuelos (PT) defendió la ley que impulsa al afirmar que servirá para resolver el abandono de los servicios de atención a la salud mental.
Ángel María Salvador Ferrer, coordinador de prevención de la tortura en Documenta A.C., dijo que la propuesta de ley es muy similar a otra que se frenó en 2017 porque “minimiza el derecho a la capacidad jurídica” de las personas para decidir si quieren o no recibir atención o ser internadas en un hospital psiquiátrico, por lo que alguien decide más contra su voluntad, lo que ocurre con personas con discapacidad, por ejemplo.
“La atención de esta iniciativa se basa en recursos coercitivos, en imponer u obligar y afecta los derechos de las personas”, añadió
Salvador Ferrer pidió que se deseche el dictamen, pues su enfoque está rebasado y, en cambio, se debe impulsar el aumento de unidades de primer nivel de atención en las colonias para que las personas acudan de manera temprana.
Defiende la iniciativa
En cambio, la coordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, defendió la iniciativa al señalar que se atiende un tema relegado como la salud mental y es necesaria ante las afectaciones a este ámbito ocasionadas por el COVID-19.
La legisladora añadió que 17 por ciento de la población mexicana sufre al menos un trastorno mental y la legislación busca garantizar el derecho a la atención de la salud mental con un enfoque de derechos.
