NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- La abogada Susana Prieto Terrazas fue liberada esta tarde, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tamaulipas para la “reparación del daño”, que asciende a 66 mil pesos, por supuestos delitos de “motín, amenazas y coerción”.
En un comunicado, la FGJ precisó que agentes del Ministerio Público participaron en una audiencia de suspensión condicional del proceso, solicitada por parte de la defensa de Susana Prieto, sobre la imputación de los delitos cometidos.
Destacó que durante la audiencia, este miércoles, el representante social presentó al juez de Control un plan de reparación del daño y el cumplimiento de ciertas condiciones por parte de la imputada, a fin de garantizar una efectiva tutela de los derechos de las víctimas.
Una vez analizados los elementos, el juez emitió su resolución e impuso las siguientes condiciones a la abogada: residir en el domicilio señalado por la propia imputada, en el estado de Chihuahua; abstenerse de tener contacto con los ofendidos y sus domicilios; dejar de frecuentar la Junta Especial Local No. 6 de Conciliación y Arbitraje en Matamoros; acudir ante el Tribunal cuando se le solicité para asistir a las audiencias de control, debiendo informar previamente su itinerario, y abstenerse de viajar al extranjero.
Además, la abogada deberá cubrir la reparación del daño, que asciende a 66 mil pesos, a favor de las víctimas.
“Cabe señalar que el cumplimiento de estas condiciones tendrá una duración de 30 meses, las cuales fueron aceptadas por la imputada y su defensa”, puntualizó la FGJ.
La abogada y activista fue aprehendida el 8 de junio en Matamoros, cuando acudió a comer a un restaurante.
En febrero del año pasado, Prieto Terrazas –originaria de Chihuahua—encabezó una serie de paros laborales en esa ciudad fronteriza para exigir aumento de sueldo para empleados de maquiladoras y un bono a las empresas que no estaban afiliadas a ningún sindicato, movimiento que fue considerado como ilegal por parte de las autoridades de trabajo de Tamaulipas.
La defensa de la imputada de igual forma expuso su ofrecimiento a la autoridad judicial sobre el pago de la reparación de daño y condiciones a cumplir por parte de su representada.
Por lo que una vez analizados los elementos, el juez de Control emitió su resolución para dar solución alterna al proceso, imponiendo las siguientes condiciones.
- Entre ellas se comprometió a residir el domicilio señalado por la propia imputada en el Estado de Chihuahua.
- Abstenerse de tener contacto con los ofendidos y sus domicilios.
- Dejar de frecuentar la Junta Especial número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros.
- Acudir ante el Tribunal cuando se le solicite asistir a las audiencias de control, debiendo informar previamente su itinerario.
- Abstenerse de viajar al extranjero y cubrir la reparación del daño, consistente en 66 mil pesos a favor de las cinco víctimas.
- Cabe señalar que el cumplimiento de estas condiciones tendrá una duración de 30 meses, las cuales fueron aceptadas por la imputada y su defensa.
La liberación se da el mismo día en que se puso en marcha el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En margen, un grupo de Congresistas estadounidenses pidió al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, intervenir para la liberación de la abogada de los maquiladores.
Los políticos estadounidenses, encabezados por el demócrata Bill Pascrell, expresaron en una carta que Prieto Terrazas estaba presa por delitos fabricados como represalia a su trabajo como defensora de los derechos laborales en la frontera norte del país.
Le instamos a plantear el problema del arresto de la Sra. Prieto a los niveles más altos con sus homólogos en México, incluso en el período previo a la próxima cumbre de la Casa Blanca entre Donald Trump y el Presidente de México, y pedirle que exija la liberación inmediata de la Sra. Prieto
El grupo advirtió que la detención y el encarcelamiento la abogada se lee como un mensaje de incumplimiento de los acuerdos en materia laboral aprobados en el T-MEC: “Manda el mensaje equivocado de que no se protegerán los derechos laborales de las y los trabajadores”, citó la misiva.
Los grupos políticos reconocieron la labor de la abogada para la defensa de los derechos de las personas que laboran en fábricas y maquiladoras, que en la actualidad pugnan por mayores protecciones frente a la pandemia de la COVID-19.
También aplaudieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría del Trabajo hayan exigido que el proceso judicial se atenga al debido proceso.
