A través del chantaje y la extorsión pretenden contratistas obtener participación en obras de Oaxaca

Oaxaca, Oax.- Esta mañana un grupo de contratistas protestó frente a la Casa Oficial del Gobierno de Oaxaca para exigir participación en los procesos de contratación realizados por la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) y Caminos y Aeropista de Oaxaca (CAO), entre otras dependencias, sin embargo, no cumplieron en tiempo y forma con la normatividad legal establecida para tener participación en dichos procesos.

Como medida de presión bloquearon la circulación de vehículos sobre avenida Juárez donde atravesaron diversa maquinaria pesada, además de realizar una marcha hacia el Zócalo de la ciudad de Oaxaca para demandar la intervención de las autoridades estatales.

De acuerdo a sus mismos agremiados, el único documento que respalda su acción se encuentra en los archivos de Sinfra con registro de fecha seis de agosto donde solicitaron una audiencia con funcionarios de la dependencia para plantear diversos temas.

Señalaron que quien está al frente del grupo es Julio César Aquino Maldonado, un supuesto constructor y propietario de una promotora de espectáculos denominada Aquino Rodríguez Producciones, además de Amilcar Sierra, Luis García, Octavio Sánchez, quienes pertenecen a la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana de Oaxaca (ANIU).

Dijeron que fueron obligados a participar en las protestas para exigir participación en los procesos de licitación de Sinfra, además de que este grupo de empresarios emprendió una campaña a través de medios de comunicación en contra de CAO, con una serie de señalamientos sobre un presunto ejercicio indebido de funciones y exclusión, los cuales han sido aclarados por la dependencia.

Cabe señalar que este grupo de contratistas, en días pasados difundió información sobre un presunto lavado de dinero en dependencias estatales como forma de presión a las autoridades para obtener contratos al margen de los procesos establecidos en la Ley.

Con ello pretendieron confundir a la ciudadanía sobre el presunto actuar ilegal de los funcionarios del gabinete estatal, sin embargo, sus mismos afiliados los señalan como los responsables de haber orquestado esta campaña mediática para presionar a las dependencias de gobierno y obtener participaciones.