Amnistía pide a Guanajuato no criminalizar a familiares de desaparecidos

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Guanajuato, 12 de Agosto 2020.-La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de Guanajuato esclarecer los hechos en los que tres mujeres, familiares de personas desaparecidas, fueron detenidas mientras participaban en una protesta pacífica. En un comunicado publicado este martes, AI expresó preocupación por la situación que enfrentan Gisela Verenice Olimpia Montoya, Carla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, a quienes se les sigue un proceso penal tras haber participado en una manifestación en la ciudad de Guanajuato el pasado 10 de julio.

Las tres mujeres y otros familiares de desaparecidos realizaron una protesta pacífica en la Glorieta de Santa Fe, con el objetivo de reunirse con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pero fueron reprimidos por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). En estos hechos, Gisela, Carla y Verónica fueron detenidas junto con un funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH, AI y la ONU constataron que en la detención las autoridades cometieron uso excesivo de la fuerza y lesionaron a una de las mujeres.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, y posteriormente quedaron en libertad bajo las reservas de la ley, es decir, todavía enfrentan un proceso penal tras haber participado en la manifestación. Por estos hechos, Tania Reneaum Panszi, directora de AI en México, pidió al gobierno de Guanajuato realizar una investigación amplia, clara y expedita para deslindar responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos de las personas que ejercían su legítimo derecho a la manifestación.

“El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen ese derecho”, señaló la activista. También enfatizó que los estados deben abstenerse de recurrir al sistema de justicia para tratar de impedir o penalizar las actividades legítimas de reclamo, reivindicación y defensa de los derechos humanos.

“La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes o a través de la persecución criminal, es incompatible con un Estado de derecho en donde las personas tienen la potestad de manifestar su opinión y reclamar a las autoridades”, expresó. Según un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob), desde 1964 hasta la fecha en México se ha registrado un total de 73,201 personas desaparecidas y 3,978 fosas clandestinas. De ese total, 1,523 personas corresponden a años anteriores a 2006, mientras que 71,678 han desaparecido en los últimos 14 años.

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