UIF bloquea cuentas a funcionario de Jalisco vinculado con abuso a menor de edad

  • El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que hoy hubo bloqueos de cuentas en varios casos, como el de Jalisco y los líderes de Antorcha Campesina y Confederación Libertad.

AGOSTO 17, 2020.- Acusados de probables delitos de trata y abuso sexual de menores de edad, al exfuncionario público Luis Alonso “N”, y al juez Jorge Luis, separado de su cargo sin goce de sueldo y a quien el Consejo de la Judicatura le inició una investigación, ambos en el municipio de Puerto Vallarta, les fueron congeladas sus cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El bloqueó se hace a partir de este lunes a las cuentas bancarias de dos personas por movimientos irregulares en el sistema financiero y quienes son acusados por el probable delito de trata y abuso sexual de menores de edad.

Luis Alonso “N”, ahora es ex funcionario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, quien fue encontrado el pasado 26 de julio dentro de su vehículo con una niña de 10 años desnuda.

La segunda persona bloqueada es, Jorge Luis “N” que se desempeña como juez de Control y Oralidad del Municipio y quien decidió no vincular a proceso al funcionario.

Menor confirma agresión sexual

La menor de edad, afirmó ante las autoridades que fue agredida sexualmente por el acusado.

Pese a las pruebas aportadas por la Fiscalía, la decisión del juzgador ha provocado que la sociedad cuestione y exija la impartición de justicia, sobre todo en este hecho donde está involucrada una menor de edad como víctima de presuntos actos de violencia sexual y cuando de acuerdo con el Código Penal, en el Artículo 142-L, señala que la pena será de uno a cuatro años de prisión si la víctima tiene entre 12 y 17 años, y de tres a seis años de cárcel si es menor de los 12.

Por lo pronto, además de la destitución del juez, la Fiscalía estatal interpondrá un recurso de apelación, al considerar que con dicha resolución se vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica, además de que esta decisión violenta los derechos de la víctima dado que vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor de 10 años de edad, dejando además de lado la perspectiva de género.

El ministerio público se encuentra en la etapa de investigación complementaria obteniendo datos de prueba que permitan fortalecer la hipótesis del caso.

Varios bloqueos de cuentas, informó Santiago Nieto

Entrevistado en Palacio Nacional, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que hoy hubo bloqueos de cuentas en varios casos, como el de Jalisco en el que se presumen corrupción del juez Solís Aranda en este caso polémico de Puerto Vallarta.

“El día de hoy hemos hecho el congelamiento de cuentas del juez que no vinculó a proceso al director de la Secretaría de Seguridad en el municipio de Puerto Vallarta, quien fue localizado con una menor en su vehículo. Tanto al director como al juez que no vinculó a proceso a este sujeto les hemos congelado las cuenta y estamos en un proceso de investigación para ver si presentamos la denuncia correspondiente”, aclaró.

Respecto al congelamiento de cuentas a líderes de Antorcha Campesina, el funcionario federal dijo que todo se hizo mediante un trabajo conjunto con la Fiscalías de Puebla y del Estado de México.

Agregó que esta organización política-social, al margen de la ley, recibió recursos en efectivo, por lo que también se realizan las investigaciones pertinentes.

En el caso del Sindicato Confederación Libertad, dijo que con el apoyo de las Fiscalías de Estado de México, Oaxaca y Ciudad de México se congelaron las cuentas de dirigentes.

Estaban extorsionando al gobierno y empresas transportistas para llevar los fletes en la construcción pública y privada en distintos estados del país.

Las autoridades han detectado un total de 2 mil 281 operaciones financieras vinculadas al «Cártel Jalisco Nueva Generación»; sin embargo, Jalisco (742), Ciudad de México (312), Michoacán (144) y Estado de México (112) son las entidades que concentran más de la mitad de estas transacciones, con mil 310, principalmente en la compra de autos en efectivo, compraventa de caballos y restaurantes de lujo.

En el marco del operativo Agave Azul, la administración mexicana solicitó información a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), sobre las empresas que mantienen vínculos con la organización criminal.

De este modo y con la información que reunió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde mayo del año pasado se han ejecutado diversos bloqueos de activos que hasta el 31 de mayo de 2020 arrojaron un monto de mil 3 millones 208 mil 738.7 pesos.

Documentos a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso detallan que en el operativo participaron también el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el cual aporta información de vínculos entre integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos mexicanos; las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina-Armada de México (Semar), así como la Guardia Nacional que realizan trabajo de campo.

De acuerdo con los datos consultados, lo anterior derivó en que, hasta el corte del 31 de mayo de esta año, la UIF bloqueara 7 mil 181 cuentas bancarias de mil 478 personas y ha revisado un total de 5 mil 25 reportes de operaciones inusuales vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

De los reportes de operaciones inusuales, 2 mil 571 fueron por la cantidad de 2 mil 951 millones 537 mil 924.33 pesos que en su mayoría fueron utilizados para la compra de automóviles con dinero en efectivo en agencias de Jalisco.

LISTA DE OPERACIONES

Según la investigación, las autoridades federales revisaron otro tipo de operaciones vinculadas con el «Cártel Jalisco Nueva Generación», que clasificaron como relevantes, y fueron 38 mil 459 por un total de 11 mil 478 millones 42 mil 739.27 pesos.

También se dio seguimiento a las transferencias realizadas por prestanombres y empresas vinculadas a la organización de «El Mencho», 5 mil 761 envíos fueron por 4 mil 37 millones 594 mil 36.61 pesos y en el periodo de investigación reportado el cártel recibió, a través de estas personas físicas y morales, 3 mil 178 millones 476 mil 123.54 pesos.

Fueron identificadas 2 mil 102 operaciones en dólares americanos por un total de 2 millones 955 mil 208.70.
El cártel también ha utilizado las transferencias electrónicas para movilizar sus fondos en tiempo real; en el operativo, la UIF identificó que, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el grupo delincuencial realizó 3 mil 202 envíos por 267 millones 793 mil 42.03 pesos a otras cuentas y recibió 3 mil 305 depósitos por 389 millones 209 mil 329.53 pesos.

Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense son las empresas de bienes raíces, consultoras de inversiones, plazas comerciales, hoteles, despachos de arquitectos, agencias de publicidad, agencias de modelaje, restaurantes gourmet, tequileras, tecnología biomédica, venta de boletos para conciertos y promoción de espectáculos, venta de ropa para mujer, agencias de viajes, comercialización de productos orgánicos y gasolineras, por señalar algunas.

PREPARAN NUEVOS GOLPES

Como parte de la estrategia que la administración federal tiene contra los cárteles del narcotráfico en México, la unidad encabezada por Santiago Nieto Castillo mantiene como objetivos principales las finanzas de otras organizaciones tales como el «Cártel de Santa Rosa de Lima», liderado por José Antonio Yépez Ortiz «El Marro», cuyas cuentas han sido bloqueadas al igual que las de sus abogados.

El Cártel del Pacífico, cuyas cuentas también ya fueron bloqueadas; Los Beltrán Leyva; el «Cártel de Juárez», el del «Golfo», «Los Zetas Vieja Escuela», el «Cártel del Noreste», «Los Caballeros Templarios», «La Familia Michoacana», «Los Viagras», «Los Rojos», «Los Guerreros Unidos», «Los Arellano Félix», «La Unión Tepito» y el «Cártel de Tláhuac».

Fuentes de inteligencia explicaron a este diario que aunque «La Unión Tepito» y el «Cártel de Tláhuac» no tienen presencia a nivel nacional, pero al localizarse en la capital mexicana tienen un gran impacto en la incidencia delictiva del país, razón por la que forman parte de los objetivos del gobierno federal.