Vinculan a proceso a 4 funcionarios del INE por presunto uso indebido de facultades

  • Cuatro funcionarios del INE fueron vinculados a proceso por otorgar un contrato de prestación de servicios, por 105 millones de pesos.

México. – Debido a que son señalados como presuntos responsables del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, 4 funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron vinculados a proceso por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que refirió que el Ministerio Público Federal, aportó los elementos necesarios para que se inicie el proceso contra los implicados, a quienes se apunta por otorgar un contrato de prestación de servicios por un monto de 105 millones de pesos.

De la misma forma, la FGR detalló que los funcionarios en cuestión, son Bogart Cristobal “M”, director ejecutivo de Administración; Miguel Ángel “R”, subdirector de Servicios, José Carlos “A”, director de Recursos Materiales y Servicios, y Alejandro Mauricio “M”, subdirector de Adquisiciones

Sobre el caso, el Ministerio Público Federal refirió que éste ocurrió luego de que el Órgano interno de Control (OIC) del mismo INE, presentó una denuncia por una licitación pública a través de la cual se generó un contrato con dicho instituto, sin embargo el convenió fue anulado en agosto del 2019.

Como medidas cautelares, el juez federal encargado del caso impuso a los implicados la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y la vigilancia del OIC del INE, con relación al contrato en controversia.

Por ello, los funcionarios podrán llevar el proceso que pesa en su contra en libertad, además de que de momento, no han sido cesados de sus respectivos puestos.

Según lo apuntado en la misma información judicial, las acusaciones contra los imputados derivan de su presunta participación en el otorgamiento indebido de un contrato de prestación de servicios por un monto de 105 millones de pesos, de los cuales se destaca, el Instituto Nacional Electoral había pagado un parte correspondiente a 15 millones de pesos.