PRI deberá pagar 84.3 mdp por mal uso de la lista nominal: INE

  • La lista, con datos de 80.5 millones de ciudadanos, se estaba ofreciendo por la cantidad de dos mil pesos.

El listado nominal que estaba bajo resguardo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se puso a la venta en la plataforma de Mercado Libre, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer una multa al partido por 84.3 millones de pesos.

La lista, con datos de 80.5 millones de ciudadanos, se estaba ofreciendo por la cantidad de dos mil pesos en el portal de internet que se dedica a la compra y venta de todo tipo de artículos.

El proyecto aprobado por el Consejo General detalla que la lista fue entregada al partido en febrero de 2015 sólo con fines de verificación, pero el PRI fue negligente en su resguardo, lo que generó que se intentara su comercialización y no se devolviera a la autoridad electoral.

En la presentación del tema, el consejero Ciro Murayama expuso que el Instituto se dio cuenta de dicha acción en 2018, a pesar de que la situación se había dado tres años antes, por lo que decidió actuar y proponer la sanción correspondiente.

Cabe resaltar que, en 2015, la representación del PRI ante la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) estaba integrada por Rafael Ortiz Ruiz como representante propietario y Elliot Báez Ramón, como representante suplente hasta el 6 de enero de 2016.

En su defensa, el representante del PRI en el Consejo General, Gerardo Triana, no se deslindó de su responsabilidad en el tema, sin embargo, pidió que se iniciara el cobro hasta después del proceso electoral de 2020-2021.

“Para no vernos impactados en el desarrollo de nuestras actividades partidistas en el proceso electoral, la multa sea aplicada a partir de la conclusión del proceso”, solicitó Triana a los y las consejeras.

Pese a la petición, las autoridades electorales aprobaron que la sanción sea pagada por el PRI en seis mensualidades de 14 millones 64 mil pesos.

El proyecto aprobado señala que se impuso la máxima pena que la ley permite, pues se considera que los hechos registrados revisten alta gravedad, además de la intención de lucrar con información confidencial que más de 80 millones de ciudadanos.