Estado de México.-Con el voto en contra del PAN, el pleno del Congreso del Estado de México avaló la Ley de Amnistía para la entidad que tiene como objetivo beneficiar en primera instancia a gente más vulnerable entre los que están campesinos, indígenas, en situación de pobreza, vulnerabilidad o discriminación, entre otros.
La ley que se emitió es la concentración de cuatro iniciativas que propusieron legisladores de Morena, PRD y PT además de una ciudadana, que es la del activista, José Humbertus Pérez Espinoza, quien estuvo preso y fue absuelto.
Entre los beneficiarios, se estima sean personas procesadas por delito de aborto que sería a favor de madre producto del embarazo y médicos; delitos contra la salud por condición de pobreza o bajo presión, además por defender legítimamente tierras, recursos naturales, bosques o sus usos y costumbres.
Contempla el robo simple, sin violencia, y que sean primodelincuentes; mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa; adultos mayores de 75 años; por delitos contra el ambiente; abigeato y delitos culposos, entre otros.
La ley estipula la creación de la Comisión Legislativa Especial para dar seguimiento a lo estipulado y conocer de casos, que por su relevancia, sean puestos a consideración como la fabricación de delitos.
En los casos en donde no aplicará es para ilícitos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley.
A nombre de los proponentes, el diputado de Morena, Max Agustín Correa Hernández dijo que regularon la figura jurídica, consideró que el modelo de justicia de corte acusatorio ha generado víctimas de derechos humanos, de violaciones al debido proceso, contra personas en situación de vulnerabilidad y pobreza.
En la normatividad, los legisladores ampliaron el catálogo de tipo penal no previstos en la propuesta para retomar incluso delitos de alto impacto como graves, con la limitante de tener una resolución a nivel nacional o internacional.
Una vez que un beneficiario presenta su solicitud hasta que obtiene una resolución, pueden pasar hasta 63 días, lo que duraría el proceso. Se estima que esta ley pudiera beneficiar a cerca de cinco mil personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad en cárceles estatales.
