Los cuñados de Carlos Salinas se benefician con los contratos de prisiones que dio Calderón; En Oaxaca con el Reclusorio de Miahuatlán (+Video)

¡Comparte!

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal insistió en que los contratos por las prisiones privadas fueron “entregados a puro influyente y hasta a dueños de medios de información, y a políticos o familiares de políticos”, como los cuñados del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que los cuñados del exmandatario Carlos Salinas de Gortari se benefician con los contratos que tiene el Gobierno federal por las prisiones privadas en el país, los cuales fueron entregados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“Unos de estos que recibieron contratos, los cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Se servían con la cuchara grande, por eso no hay investigación”, acusó en su tradicional conferencia matutina de hoy.

La construcción del Centro Federal de Readaptación Social número 13, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Dïaz, en la Sierra Sur de #Oaxaca, representa una erogación mil 771 millones de pesos anuales en beneficio de Hipólito Gerard Rivero, ex cuñado del ex presidente, Carlos Salinas de Gortari, y sería uno de los negocios irregulares operados por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Publica, quien actualmente está detenido en Estados Unidos por conspirar para delinquir y aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa, según revelan datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Aunque el centro penitenciario se construyó en el año 2011 con Gabino Cue Monteagudo en la Gubernatura y Felipe Calderón Hinojosa en la Presidencia, los servicios se continúan pagando a la empresa constructora GIA, misma que figura en uno de los ocho contratos adjudicados directamente que la dependencia federal busca reestructurar o cancelar por representar un gasto total anual de 16 mil millones de pesos, erogación que la autoridad considera excesiva.

De acuerdo con los datos públicos, el penal de Miahuatlán se construyó luego de la firma de un contrato celebrado el 18 de marzo del 2011 entre la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca SAPI S.A de C.V con el Gobierno del Estado y, actualmente, el proveedor es la empresa GIA, encabezada por Gerard Rivero, quien figura por haber sido uno de los empresarios más beneficiados en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El contrato estipula la adquisición del terreno, equipamiento, desarrollo de la infraestructura, diseño del proyecto, pago de la conservación, mantenimiento de las instalaciones y equipos de laboratorio, limpieza, jardinería, alimentación, dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos durante la vigencia del contrato.

La información expone que cada persona privada de su libertad en el centro penitenciario de Miahuatlán representa, en promedio, un gasto federal de 1 millón 186 mil pesos al año, es decir, 98 mil pesos mensuales y más de 3 mil pesos diarios.

Aunque Calderón anunció la construcción de este penal para mejorar la calidad de las prisiones federales, la realidad es que este objetivo no se cumplió. El centro penitenciario de Miahuatlán registra deficiencias e insuficiencias en materia de seguridad, custodia, atención médica y reinserción social, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El mandatario mexicano pidió imaginar cuánto dinero se puede ahorrar el Gobierno ahora que se revisarán “los contratos de los penales, de los reclusorios, lo que se dio a conocer ayer. Ese gran abuso de pagar por 12 mil reclusos que están en ocho penales, 16 mil millones de pesos al año”.

“Un costo por recluso sin incluir vigilancia, sin incluir lo que paga el Estado por la custodia, de tres mil 500 pesos diarios por recluso. Al mes, como 100 mil pesos, lo que está ganando el Presidente. 16 mil millones de pesos al año. Y los contratos entregados a puro influyente y hasta a dueños de medios de información, y a políticos o familiares de políticos”, afirmó.

Ayer, López Obrador; el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dieron a conocer los contratos por prisiones privadas por miles de millones que entregaron Felipe Calderón y Genaro García Luna.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la Secretaria de Seguridad detalló que existen contratos con ocho centros penales privados: dos en Guanajuato, uno en Sonora, otro en Oaxaca, uno más en Durango, uno en Chiapas, el femenil de Morelos y uno en Michoacán.

“Estos ocho centros tienen un convenio con el Gobierno que fue suscrito en siete de ellos el 27 de diciembre de 2010, en tanto que el Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011. […] En aquel momento los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la Excoordinación General de Centros Federales; y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones de la misma dependencia”, explicó.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que “la firma de estos convenios tuvo lugar en la época del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando el Secretario de Seguridad federal era Genaro García Luna”, quien ahora se encuentra preso en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico en México.

“El gasto anual que se está pagando en estos últimos nueve años es de un total de 75 mil 661 millones de pesos y es correspondiente a solamente 36 por ciento del pago total. Aún hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190 mil 638 millones de pesos que corresponderá en algunos penales hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. Así se hace un costo total proyectado a 20 años, es aproximado de 266 mil 300 millones de pesos”, dijo.

Frente a los medios de comunicación, la funcionaria expuso que es alto el porcentaje que se tiene que pagar a estos centros penitenciarios privados, ya que “de un total de 22 mil 776 millones ejercidos por Prevención y Readaptación Social (PyRS) en 2020, el 68.3 por ciento fue para pagar a las empresas privadas, es decir, 15 mil 562 millones de pesos”.

En su intervención, Julio Scherer Ibarra presentó las cláusulas de los contratos por las cárceles privadas, los cuales se otorgaron a través de adjudicaciones directas. Entre las cláusulas más destacadas se encuentra que la responsabilidad en la operación y la seguridad de cada centro penitenciario es de PyRS de la SSPC, lo que significa que “la empresa o desarrolladora sólo brinda condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares”.

Otra establece que los pagos serán realizados por PyRS desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del contrato. “El pago se realizará de forma mensual por el total de la capacidad de población del penal y se actualizará conforme a la inflación”, indicó el Consejero Jurídico.

Asimismo, agregó que existe una cláusula donde se determina que la vigencia del contrato será de 22 años y la etapa de prestación de servicio no será menor a 20 años, salvo en caso de recisión o terminación anticipada de contrato. A su vez, en una más se deja claro que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia, son propiedad del proveedor y no del Gobierno, o bien podrían ser objeto de un nuevo convenio.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que “hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna, pero, he dado instrucciones al Consejero Jurídico para que se actúe en dos vertientes”.

De acuerdo con el mandatario, se pidió hablar con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, “porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente. Y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública”.

“Se va a hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, si no se tiene un arreglo”, adelantó durante su tradicional conferencia matutina.

Por último, el Jefe del Ejecutivo federal subrayó que hubo abusos de todo tipo, pues los beneficiarios de estos contratos están muy vinculados al poder. “Me reservo los nombres a no ser que los pida el INAI, pero son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos y esto es lo que ya no queremos que vuelva a suceder en el país y es un botón de muestra desgraciadamente porque esto se extendió por todo el Gobierno”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here