- La ASF detectó irregularidades en la contratación y pago de los Servidores de la Nación por 561.9 millones de pesos, y señaló que el Censo del Bienestar no es confiable.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la contratación y pago de sueldos por parte de la Secretaría del Bienestar a los Servidores de la Nación. Dichas anomalías representan un probable daño al erario por 561.9 millones de pesos cuyo destino deberá aclarar la dependencia.
Además, el órgano fiscalizador señaló que el Censo de Bienestar, que es levantado por dichos Servidores mediante visitas a domicilio, no puede ser considerado un censo confiable, pues tiene errores metodológicos que permitieron “inflar” el número de personas potencialmente beneficiarias, lo que genera incertidumbre sobre el uso de los recursos públicos.
Se trata de dos auditorías distintas que ponen en duda uno de los pilares del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su cruzada por llevar los programas sociales a toda la población: por un lado, el Censo del Bienestar -que, según las palabras del mandatario, sería más confiable que los padrones de beneficiarios ya existentes- y, por el otro, el ejército de funcionarios encargados de alimentar dicho censo y que han sido desplegados en todo el país, en una labor que ha sido tachada de electorera por opositores y críticos del gobierno.
Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2019, la ASF efectuó la auditoría forense 240-DS para revisar la contratación por honorarios de hasta 20 mil 500 Servidores de la Nación bajo el mando de la Secretaría del Bienestar.
La dependencia informó que gastó 2 mil 986 millones de pesos en sueldos de dichos funcionarios durante 2019. De ese dinero, de acuerdo con la ASF, 30 millones de pesos fueron transferidos irregularmente a cinco unidades administrativas y a un programa presupuestario distinto al autorizado para la contratación de los Servidores. Bienestar tampoco presentó documentación comprobatoria de que 15.9 millones de pesos se hayan pagado a esos funcionarios por concepto de sueldo.
Según la ASF, la dependencia transfirió 87.5 millones de pesos a tres cuentas bancarias a su nombre y no probó haber destinado ese dinero al pago de los Servidores. También pagó 21.7 millones de pesos a 640 Servidores que estaban contratados por partida doble al interior de Bienestar, o bien, en otras instituciones públicas.
De igual modo, la dependencia efectuó pagos por 85.2 millones de pesos a 789 cuentas bancarias vinculadas a dos o más personas. Finalmente, presentó nóminas sin documentación que acredite el pago de 321 millones de pesos en salarios.
“No es un censo”
En la auditoría de cumplimiento 1387-DS sobre el Censo del Bienestar, la ASF detectó que los Servidores de la Nación no levantaron información exhaustiva en algunos municipios, mientras que en otros, se “infló” la cantidad de personas que podrían ser beneficiarias, lo que genera incertidumbre respecto de la implementación de los programas sociales y el uso de los recursos públicos.
“En términos de su metodología e implementación, la Estrategia Censo del Bienestar no puede considerarse un censo, debido a que no se levantó información del total de viviendas de ninguno de los 2 mil 457 municipios para los 119.5 millones de habitantes, como se previó, ya que en 1 mil 229 (50%) sólo se obtuvo información donde previamente se había identificado que habitaban beneficiarios de los programas sociales vigentes en 2018, y en 1 mil 228 (50%) el personal de campo identificó a posibles beneficiarios por medio de referencias de otras personas (muestreo no probabilístico de ‘bola de nieve’). Además, la Secretaría del Bienestar no acreditó información para identificar a los municipios por estrato para lograr la plena verificación, con una cobertura total, de la identidad de todos los beneficiarios y sus necesidades sociales”, indica la Auditoría.
Otra de las irregularidades es la sobreestimación de cifras, pues en 39 de 40 municipios de 17 entidades federativas, en los que había una población de 682 mil habitantes en 2020, según el INEGI, los Servidores “censaron” a 1 millón 204 mil, es decir, casi el doble. Por ejemplo, en el municipio de Guazapares, Chihuahua, donde, de acuerdo con el INEGI, había 8 mil 196 habitantes en 2020, la Secretaría del Bienestar censó a 62 mil 085, y en Santa María Chilchotla, Oaxaca, donde había 21 mil 469 habitantes, Bienestar contó a 140 mil 547.
La ASF encontró un desorden en las bases de datos del Censo. De las 32.5 millones de personas que Bienestar reportó como censadas, la Auditoría sólo encontró a 24.1 millones en las bases entregadas. Asimismo, sólo se comprobó el censo en 2 mil 449 municipios, y no en 2 mil 465, como había informado la dependencia.
Por otro lado, la base de datos contiene 10 mil 314 CURP duplicadas; en un caso extremo, reportó la ASF, una sola CURP de Sinaloa se repite en 4 mil 891 ocasiones. Además, de los 24.1 millones de registros, en 1.7 millones de casos (7.3%) no se identificó CURP.
El órgano fiscalizador alertó, también, que la totalidad de los 24.1 millones de registros del Censo estaban vacíos en 12 de 39 columnas donde debía registrarse información sobre la edad, sexo, número de integrantes por familia, georreferencia espacial del domicilio, entre otros.
“La ASF considera prioritario que las autoridades responsables de la política social continúen y perfeccionen la formulación e instrumentación de mecanismos técnicos de levantamiento de información que contribuyan a disponer del padrón de beneficiarios que genere certidumbre sobre el grado de cumplimiento en la implementación de los programas y en el uso de los recursos públicos, sobre el conocimiento de las características sociodemográficas de los beneficiarios, así como para homologar y simplificar la operación de éstos programas”, concluyó la Auditoría.
