El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República una iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley de Carrera Judicial que, entre otras cosas, establece un esquema de sanciones severas para castigar el nepotismo de jueces y magistrados, con la inhabilitación hasta de 20 años por la comisión de faltas graves.
“Como una causa de responsabilidad administrativa expresa para quienes valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente designen, nombren o intervenga para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa del Poder Judicial de la Federación en que ejerza funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo”, se propone.
De igual forma, la iniciativa actualiza la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual, prevén la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en caso de la comisión de faltas graves.
En el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las sanciones consistirán en: amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
También, se sancionará con responsabilidad administrativa los nombramientos cruzados o nepotismo, estableciéndose como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza y estos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos o parejas en relaciones análogas o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
La propuesta incluye también sanciones para las personas públicas e incluso para las empresas que se hubieran beneficiado con actos de corrupción, a través de integrantes del Poder Judicial.
Los otros apartados atañen a separación de los aspectos inherentes a la carrera judicial; ajustes en cuanto a la naturaleza orgánica del ordenamiento; creación de los tribunales colegiados de apelación; creación de los plenos regionales; actualización de las facultades de la Suprema Corte y la consolidación de sus funciones administrativas.
También suplencia de magistrados de circuito y jueces de distrito; concentración de órganos jurisdiccionales para resolver casos vinculados a violaciones a derechos humanos; órganos especializados en los sistemas penales; y funciones del Consejo de la Judicatura Federal.
El titular del Ejecutivo federal señaló, en su exposición de motivos, que la iniciativa solo pretende mejorar el sistema de justicia con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia judicial.
(Con información de Milenio y Reforma)
