Al cumplirse un año del homicidio del juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, los jueces y magistrados federales del país demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) el “total esclarecimiento” del crimen, porque hasta ahora lo que prevalece es la “impunidad”.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) indicó que ha transcurrido un año de este caso, el cual está relacionado con sus funciones como juez de Distrito en el estado de Colima, pero “a estas fechas, sólo una persona se encuentra vinculada a proceso”.
“La impunidad en torno a este crimen cometido contra un representante del Estado envía una preocupante señal de que es posible privar de la vida a quienes tienen la alta misión de impartir justicia, sin que exista una reacción eficaz de los órganos federales responsables. Es el Estado el responsable de generar las condiciones de seguridad para que las y los juzgadores federales pueda brindar con toda seguridad el servicio de justicia federal a los ciudadanos de nuestro país”, enfatizó la JUFED.
El 16 de junio de 2020, el juzgador y su esposa fueron asesinados en la ciudad de Colima. A fines del mismo mes, la FGR anunció la captura de presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por supuestamente estar involucrados en los homicidios del juez Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas, así como en el crimen de la diputada local de Morena, Francis Anel Bueno Sánchez.
Jaime Tafolla Ortega, El Alacrán, fue identificado como el principal sospechoso del crimen y considerado una persona de alta peligrosidad y uno de los eslabones más importantes de la organización delictiva, quien fue detenido en Ciudad Cuauhtémoc, Colima.
El imputado, señalaron funcionarios federales, está relacionado directamente con los hechos del 16 de junio en la colonia Real Vista Hermosa de la ciudad de Colima, donde se privó de la vida al juez y a su esposa, en supuesta venganza porque Uriel Villegas vinculó a proceso a varios familiares de El Alacrán.
También se cree la participación de José Alfonso Ayard Buenrostro, El Canelo, otro presunto integrante del CJNG. Este hombre fue capturado por la Fiscalía de Justicia de Colima en poder de drogas y armas, motivo por el cual quedó a disposición de la Delegación de la FGR en Colima.
Después, el Ministerio Público Federal judicializó la carpeta de investigación y el juez Uriel Villegas vinculó a proceso a José Alfonso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Posteriormente, en reclusión, la Fiscalía de Justicia de Colima cumplimentó una orden de aprehensión contra El Canelo por su probable responsabilidad en el homicidio de la diputada local de Morena Francis Anel Bueno, quien desapareció el 29 de abril de 2020 y cuyo cuerpo fue hallado a principios de junio de ese año en una fosa clandestina.
En este crimen, también se involucró a El Alacrán, contra quien se libró una orden de aprehensión por los delitos de desaparición cometida por particulares, feminicidio y delitos vinculados a la desaparición de personas.
También se detuvo a David Ulises Lara Ramírez, presunto integrante del CJNG, por el probable delito de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud, pero no fue vinculado por el delito de homicidio.
