La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar una investigación sobre los supuestos actos de espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México y la posible vinculación de entidades públicas con ellos.
La Comisión manifestó su preocupación ante las denuncias realizadas por la organización Forbidden Stories, por lo que instó al Estado mexicano a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente.
“La CNDH llama a la FGR a realizar y mantener una investigación exhaustiva, objetiva, diligente e imparcial que observe a todas las víctimas de los supuestos actos de vigilancia, a los responsables de los agravios, así como la posible vinculación de entidades públicas en estos hechos”, se indicó.
Ante los informes desvelados en “Pegasus Project“, la CNDH consideró que estas circunstancias representan una amenaza al pleno ejercicio de la libertad de expresión y significa menoscabar la intimidad y derechos humanos de las personas.
La información obtenida por Forbidden Stories y Amnistía Internacional (AI), dada a conocer a nivel mundial por diversos medios, señaló que desde agencias del Estado mexicano hubo “un patrón generalizado de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas“
Algunas de las instituciones que podrían estar vinculadas son el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La CNDH recordó que estos hechos son materia de una investigación, desde hace cuatro años, por la FGR.
“Dicho panorama resulta de grave trascendencia para México al ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina, y en el que la labor de defensa de los derechos humanos enfrenta agresiones cada vez más graves, por medios directos, como el secuestro, la desaparición y el homicidio“, destacó la institución.
Recordó que, aunque la intervención de las comunicaciones no está prohibida, la Constitución mexicana establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial y contravenir ese mandato para conocer la vida personal y profesional de alguien, así como entorpecer o afectar sus labores, constituiría una violación a derechos humanos y un delito que debe ser investigado y sancionado.
Reiteró que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia sobre comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley. Además, debe estar limitado a lo estrictamente necesario, como la investigación de delitos graves y tener con control judicial previo.
Con base en los principios internacionales de derechos humanos, la CNDH recordó que es deber de las autoridades garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública respecto de los programas estatales y sus marcos regulatorios, protocolos y procedimientos.
La CNDH resaltó que el ejercicio de la libertad debe ser un tema prioritario para asegurar la plena vigencia y fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho.
