En México los jornaleros agrícolas continúan laborando en condiciones precarias e incluso en mayor vulnerabilidad lo que se incrementa por la pandemia de coronavirus o COVID-19. A ellos se suma que surgen de un contexto de pobreza de las comunidades en las que viven y que los lleva en muchas ocasiones a tener condición de migrantes. En contraste, el gobierno estadunidense clasificó a los trabajadores agrícolas migrantes como esenciales.
¿Por qué importa? En nuestro país hay cerca de 2.5 millones de personas que se emplean en la industria agrícola de forma temporal. Normalmente migran del sur al norte del territorio mexicano; se calcula que alrededor de 200 mil personas cruzaron en 2019 la frontera entre México y Estados Unidos, utilizando visas H2A. Este tipo de documentos permiten a migrantes trabajar de manera temporal en la industria agrícola de esa nación.
Organizaciones de la sociedad civil en México y en Estados Unidos han documentado y denunciado condiciones de explotación laboral, en ocasiones de esclavitud. Esto incluye cobros ilegales y fraudes durante el reclutamiento, irregularidades en el monto y pago de los salarios, jornadas laborales que sobrepasan las ocho horas, retención de salarios o falta de pago, así como carencia de prestaciones sociales, falta de acceso a servicios de salud y vivienda, y abusos y maltrato por parte de los empleadores.
“Se estima que sólo 8% de la población jornalera está inscrita al IMSS y las estrategias de los empleadores para evadir esta responsabilidad son muchas, como darles pases a servicios médicos en el mejor de los casos, sin que el trabador esté adscrito al instituto”, explicó Gisela Espinosa, profesora e investigadora de la UAM Xochimilco.
“Los jornaleros agrícolas constituyen una población altamente vulnerable a la pandemia por dos fuentes: las formas de traslado desde sus lugares de residencia y las de vivienda en campamentos, ambas caracterizadas por el hacinamiento”, advierte el Colegio de la Frontera Norte en un estudio.
Los jornaleros agrícolas son trabajadores eventuales del campo que se emplean a cambio de un salario, en labores que van desde la preparación del terreno hasta el cuidado y la cosecha de los cultivos.
Estiman que suman 2.5 millones de trabajadores; sin embargo, ya que viajan con sus familias, se calcula que la población suma casi los 6 millones de personas, indican datos del Inegi.
Más de la mitad de los jornaleros sale de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, y una cuarta parte (24%) habla lengua indígena.
El gobierno puso en marcha guías y mecanismos de seguridad y salud para el sector agrícola y la población jornalera en medio de la crisis sanitaria, pero han sido insuficientes.
Muchas de las rutas que siguen los jornaleros no están identificadas debido a que se mueven por su cuenta y eso limita cualquier seguimiento, guías de vigilancia y apoyo de salud, sobre todo cuando las zonas agrícolas están alejadas de centros urbanos, afirmó Isabel Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA).
Explicó que muchos productores agrícolas de mediana escala, que son los principales reclutadores de jornaleros, no les ofrecen transporte ni vivienda, entonces las familias se organizan y alquilan casas donde conviven en condiciones de hacinamiento y carencia de servicios básicos, como abasto de agua.
Además de que la agricultura fue una de las actividades esenciales que no dejaron de operar ante la pandemia, los jornaleros no tuvieron la opción de quedarse en casa, o migraban o no tenían ingresos para vivir.
Condiciones precarias
La pandemia agudizó las difíciles condiciones estructurales en que laboran los jornaleros. La mayoría no tiene un empleador fijo, pues cambia de lugar de trabajo frecuentemente, lo que dificulta su acceso a contratos que formalicen sus actividades e, incluso, condiciones decentes como jornadas de ocho horas, pago de tiempo extra y salario justo.
El jornalero no tiene salario mínimo, ese ha sido el vacío histórico que arrastran, trabajan a destajo y su ingreso está sujeto a la productividad, explicó Margarita Nemecio.
Su salario va de 150 pesos a 200 pesos diarios en promedio, una remuneración debajo del salario mínimo. Si ellos quieren percibir esos 200 pesos tienen que hacer un esfuerzo extra, lo que se traduce en una sobreexplotación, dijo la especialista.
La situación de la mujer jornalera es más complicada por su doble labor de trabajadora y encargadas del bienestar de la familia, agregó Gisela Espinosa.
Coordinación global
En su opinión, la solución para los trabajadores requiere la coordinación entre distintas secretarías, como la del Trabajo, Salud, Educación Pública, así como del sector empresarial, que no puede mantenerse indiferente ante esta situación de vulnerailidad de los derechos laborales y humanos, que no es nueva.
Una acción importante es la articulación interinstitucional de los tres niveles de gobierno para que las acciones no resuelvan sólo en lo inmediato, sino que tengan un seguimiento, destacó Margarita Nemecio.
“No se puede hablar de un trabajo digno si las condiciones estructurales de empleo no mejoran, más ahora que la pandemia ha agudizado la precarización laboral en el sector”, agregó.
