La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, propuso este martes al pleno retrasar la entrada en vigor de la modificación al Decreto en materia de subcontratación laboral u outsourcing hasta el 1 de enero de 2022.
Ante la iniciativa presentada por el senador de Morena, Ricardo Monreal, para aplazar por 30 días más la entrada en vigor de la reforma, la también presidenta de la comisión de Derechos Humanos en el Senado planteó que, si lo que se quiere es hacer una corrección a esta, “se deben hacer bien las cosas”, principalmente, ante la crisis económica actual.
“Hoy presenté la iniciativa para que no se pongan en riesgo millones de empleos en este país. Que entre en vigor el 1 de enero de 2022″, comentó López Rabadán en su cuenta de Twitter.
La propuesta de la panista llega después de que el senador Monreal anunció su iniciativa para modificar el Artículo 1 transitorio del Decreto en materia de subcontratación laboral para que el plazo máximo de implementación inicie el 1 de septiembre y no en agosto como se tenía previsto, es decir, 30 días más de plazo.
En su exposición de motivos, la senadora indicó que la reforma se sometió a discusiones públicas que destacaron la necesidad de esta para normar los vacíos legales que dieron pie a abusos en perjuicio de los trabajadores.
Sin embargo, destacó que estos casos eran “la excepción”, pues la mayoría de las empresas cumplía con los requisitos de ley.
“Además necesitaban de esta figura para ser competitivas, generar empleos y coadyuvar al desarrollo de México, especialmente en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir por la pandemia del Covid-19”, planteó.
Otro elemento es el plazo para realizar ajustes fiscales y de sustitución patronal, para el que las empresas tuvieron tres meses, pero estas eran una “visión mágica”, de acuerdo con especialistas en el tema, pues sólo el 30% del total de la población en condición de subcontratación podría ser contratada de base y el 60% quedaría en el mercado informal y “seguramente bajo otros tipos de simulación”.
A esto sumó la posibilidad que 10% de las 4.6 millones de personas que trabajan en outsourcing podría quedar desempleada.
“Si bien la reforma también establecía la prohibición de la subcontratación de personal en las dependencias del gobierno federal, a este se le dio un plazo de 1 año para adecuarse a la nueva normatividad, pero a las empresas no”, apuntó López Rabadán.
Explicó que de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sólo ocho mil empresas solicitaron su inscripción en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas, requerido por la reforma; a esto sumó que han habido quejas sobre fallas en la plataforma para hacer el trámite.
