Pablo Campuzano detalló que, en el 2018, fue librada una orden de captura contra diversos funcionarios públicos del estado de Veracruz, por supuestamente obstaculizar una investigación del delito de desaparición forzada.
La defensa legal del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, negó que se haya cumplimentado una orden de aprehensión contra su cliente, por el delito de desaparición forzada de personas, como lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El abogado Pablo Campuzano de la Mora afirmó que el viernes acudieron a las instalaciones del reclusorio Norte dos personas, quienes, sin identificarse plenamente, notificaron a Duarte de Ochoa sobre la orden de aprehensión, sin respetar las formalidades exigidas por la legislación.
Argumentó que, además, desde el 1 de diciembre, se promovió una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión librada por la autoridad judicial, obteniendo la suspensión provisional solicitada para efectos de que no fuera ejecutada una orden de captura en su contra.
Considerando lo anterior, se informa que, al día de hoy, no se ha ejecutado orden de aprehensión alguna contra mi cliente, ya que de lo contrario estaríamos ante la comisión de un delito del orden federal, cometido por parte de las autoridades, al violarse la suspensión provisional referida, el cual se encuentra previsto en el artículo 262 de la ley de amparo?, aseguró en un comunicado.
Campuzano de la Mora detalló que, en el 2018, fue librada una orden de captura contra diversos funcionarios públicos del estado de Veracruz, por supuestamente obstaculizar una investigación del delito de desaparición forzada.
Explicó que, esta orden de aprehensión fue sustentada principalmente en el dicho de Gilberto N, quien una vez que recuperó su libertad, denunció haber sido víctima de tortura, con el propósito de declarar falsamente en contra de sus coimputados, entre ellos Javier Duarte.
Agregó que la denuncia dio lugar a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, así como a la orden de aprehensión que hoy mantiene prófugo al ex fiscal estatal Jorge Winckler.
El representante legal precisó que, en marzo de este año, el gobierno de Guatemala autorizó, sin que fuera de manera definitiva, la ampliación de la extradición contra el ex mandatario estatal por dicho ilícito.
Actualmente se está combatiendo en aquel país, por lo que sigue vigente el principio de especialidad que protege a mi cliente, para ser juzgado exclusivamente por los delitos por los que fue extraditado en aquel entonces, y la ampliación solicitada por las autoridades mexicanas, aún no puede entenderse concedida en definitiva, apuntó.
