La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) comunicó este lunes que de aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin cambiarle una coma, es una amenaza ambiental en el país.
“En los principales compromisos internacionales asumidos por México para preservar el medio ambiente y frenar el calentamiento global identificamos los elementos de la reforma que son contrarios a este espíritu, y proponemos alternativas de solución”, expresó la confederación en un comunicado.
De acuerdo con Coparmex, México tiene que cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París que firmó en el año 2015.
Y debido a esto es que se creó la Ley de Transición Energética donde se estableció una participación mínima de 35% de energías limpias en la generación del suministro eléctrico para el 2024.
“Sin embargo, México se ha quedado corto en la implementación de políticas y medidas climáticas. Hoy está lejos de cumplir con el Acuerdo de París; las metas voluntarias al 2020 sólo se han cumplido en un 30%”, explicó Coparmex.
Agregaron que en el tratado entre Estado Unidos y Canadá (T-MEC), México incumple también contra la prevención y la reducción de emisiones contaminantes.
Agregaron que el país tiene que transitar a los modelos de producción de energía renovable, como en otras partes del mundo.
“No hablemos ya del mundo desarrollado, veamos qué ocurre con naciones como la India, Indonesia o China. Ellos han acelerado su cambio energético al sector renovable”, abundaron.
Según Coparmex, han sido testigos del “desmantelamiento de instituciones y de la asfixia presupuestal, el caso más evidente son los recortes a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) encargada de reforestar al país y combatir los incendios forestales, lo que redujo gravemente su capacidad de operación”.
Agregaron que la Secretaría de Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), han sufrido recortes del 30% de sus recursos necesarios para operar y cumplir sus funciones.
